España se ha quedado en el
vagón de cola en la realización de cesáreas. En pleno debate social sobre la
violencia obstétrica y la capacidad de decisión de las mujeres embarazadas, un informe de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) ha advertido de que el Sistema Nacional de Salud (SNS) es e
l segundo de todo el bloque comunitario que menos recurre a estas intervenciones quirúrgicas. Solo
Países Bajos cuenta con una ratio inferior dentro del grupo de los 27.
La investigación ha concluido que la media de cesáreas practicadas por los médicos españoles es de
172 por cada 100.000 habitantes, lo que deja al país a apenas 24 puntos de la media de
148,3 por cada 100.000 que marca Países Bajos, el último país de la clasificación. Más de una veintena de países de la Unión Europea han quedado por delante del SNS en el volumen de operaciones realizadas.
Los datos contrastan con los resultados de
Chipre que encabeza el listado de cesáreas con una media de 686,6 intervenciones por cada 100.000 ciudadanos.
Rumanía (447,8),
Irlanda (427,6)
Bulgaria (396,5),
Polonia (370,6) o
Hungría (335) son los países más destacados en esta categoría. Mientras que otras grandes potencias como
Alemania (293,5),
Francia (224,1),
Italia (218,8) o
Portugal (282,7) también han quedado por delante de España.
Las cifras sobre cesáreas son un caso aislado en el panorama quirúrgico español, ya que el SNS sí que está más cerca de la media europea en otras operaciones. Las
cataratas (853,6 por cada 100.000), las
angioplastias coronarias (123,8) , los
reemplazos de cadera (129,1) , las
colecistectomías (175,8) o las
laparoscopias (157,3) no presentan divergencias tan significativas.
La violencia obstétrica en el SNS
La publicación de las cifras llega en un momento en el que el
debate de la violencia obstétrica ha llegado ya a la esfera política en España como resultado de las negociaciones para
reformar la Ley del Aborto en el Congreso de los Diputados. Mientras que algunas regiones como
Cataluña han puesto en marcha
grupos de trabajo para analizar esta realidad en los hospitales de la comunidad autónoma.
También
la Justicia se ha posicionado sobre la libertad de decisión de las mujeres en los partos. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas condenó en mayo al
Servicio de Salud de Canarias a indemnizar con un millón de euros a una mujer, cuyo
parto se prolongó durante 17 horas, lo que terminó desencadenando
lesiones cerebrales irreversibles para uno de los dos bebés.
Los jueces concluyeron entonces que se trataba de un
caso de violencia obstétrica, ya que no se había ofrecido el derecho a la paciente de elegir entre un parto natural o una cesárea, ni se le había informado correspondientemente sobre l
as ventajas y riesgos que acarreaba la elección del método para que pudiera decidir bajo su responsabilidad.
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