El
Gobierno de España busca conseguir que las personas con discapacidad dejen de ser
discriminadas y puedan tener acceso de los
bienes y servicios a disposición del público, entre los que se destaca la Sanidad. Este mensaje es el que ha lanzado este lunes
Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, tras la celebración del Consejo de Ministros, aprobando a un
nuevo Real Decreto que busca regular las condiciones básicas para evitar la discriminación.
El principal objetivo de esta nueva ley integrada en
Derechos Sociales y Agenda 2030 es, en palabras de Rodríguez, “dar respuesta para que
sea inexcusable no garantizar los derechos de personas con discapacidad cuando se relacionan con la esfera pública”. Entre estos derechos se incluye, por ejemplo, que las personas con discapacidad recibirán el mismo trato que el resto cuando tengan que ser atendidos en
Urgencias.
En el ámbito de
promoción y protección de la salud, se recogen medidas centradas a la protección de la accesibilidad, que incluyen instalaciones, dependencias y demás espacios físicos dedicados a servicios de carácter sanitario y de promoción y protección de la salud y las oficinas de farmacia.
La defensa de un uso normalizado de las urgencias sanitarias
En este sentido, el Real Decreto establece, entre otras cuestiones, que
las urgencias sanitarias se concebirán, diseñarán y ofrecerán de tal forma que las personas con
discapacidad física,
intelectual,
mental y
sensorial, incluyendo las que tienen dificultades para comunicarse, puedan hacer un uso normalizado, cómodo y seguro de las mismas.
Asimismo, se habilitarán formas alternativas y
medios de apoyo a la comunicación para que ninguna persona con discapacidad quede excluida o vea dificultado su acceso regular a estos servicios.
Además, se contempla en la nueva regulación
obligaciones generales como el respeto del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público; la aplicación de
medidas de accesibilidad o realización de ajustes razonables; la incorporación de criterios de accesibilidad universal en los programas de calidad de las administraciones públicas, o la adopción de un sistema de gestión de la accesibilidad global por parte de fabricantes y proveedores de bienes y servicios públicos.
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