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Escudo al médico de Familia como guía de retorno progresivo en bajas graves

La mesa del Diálogo Social y Pensiones aborda la reforma del sistema del IT para hacer más eficiente la gestión de bajas

Reunión de la Mesa del Diálogo Social y Pensiones.


09 may 2026. 16.40H
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El Gobierno y los sindicatos del diálogo social siguen perfilando la reforma del modelo de gestión de la Incapacidad Temporal (IT) para hacerlo más sostenible. Un informe publicado en febrero por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alertó de que, entre 2017 y 2024, las bajas por contingencias comunes aumentaron casi un 60 por ciento. También creció, un 15 por ciento, su duración media. Según el organismo, el gasto en prestaciones de la Seguridad Social se incrementó en un 200 por ciento entre 2014 y 2022, al pasar de 5.473 millones de euros a 16.464 millones. El último paso del Ministerio de Seguridad Social fue crear, en febrero, un Observatorio Estatal de IT que, en otras cosas, facilite la reincorporación progresiva al trabajo de personas que hayan sufrido o sufran enfermedades graves como el cáncer. Fuentes del diálogo social trasladan a Redacción Médica que el modelo aún no está definido, aunque CCOO y UGT sí tienen una cosa clara: quien ha de guiar ese retorno paulatino al trabajo a de ser el médico de Familia.

En un primer momento, el Ministerio de Seguridad Social planteó explorar nuevas vías de colaboración con las mutuas para “optimizar” la gestión de bajas de origen traumatológico. La propia titular del departamento, Elma Saiz, lo dijo en el Congreso en febrero de 2024. CCOO y UGT no ocultaron sus reticencias al respecto en la mesa del diálogo social. Por aquel entonces, Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, trasladó a este periódico que su organización sólo apoyaría la propuesta ministerial si se cumplían dos condiciones: que las derivaciones a las mutuas se limitaran a casos muy concretos y que la última palabra para ello la tuviera el médico de Atención Primaria.

Otra de las medidas propuestas por Seguridad Social en torno a la reforma de las IT fue la regulación de lo que se llamó baja laboral flexible o alta progresiva, es decir, la reincorporación progresiva al trabajo compatibilizando el salario y la prestación por IT. La ministra de Sanidad, Mónica García, no cerró la puerta a crear un sistema ad hoc, siempre y cuando toda decisión al respecto dependiera del médico de Familia. En enero de 2025, los sindicatos siguieron defendiendo la autoridad del facultativo de cabecera en ese sentido. Saiz dijo compartir ese planteamiento y, en declaraciones a los medios, aclaró que las altas progresivas sólo se aplicarían bajo aval clínico.

Soluciones a la "deficiencia estructural" del modelo de IT


El debate se reactivó este año tras el informe de la AIReF de febrero. El organismo achacó el aumento de bajas y, por ende, de sus costes, a la “deficiencia estructural” que presenta el modelo de gestión de la IT por su esquema de doble responsabilidad. Por un lado se encuentra el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), que se encarga de asumir el coste económico de las bajas; y por otro, la Atención Primaria, en cuyos médicos se delega la potestad de conceder IT bajo criterios clínicos.

Frente a ello, la AIReF planteó dotar a los médicos de Familia de herramientas digitales de información sobre las condiciones laborales de sus pacientes. También se propuso complementar la práctica clínica con otros mecanismos de “apoyo a la decisión y formación específica en gestión de la IT”. El Gobierno impulsó el Observatorio de la Incapacidad Temporal a raíz de dicho análisis.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, avaló la creación de ese foro “como lugar donde aunar el estudio, debate, propuestas y evaluación de las acciones enmarcadas en este asunto”. También rechazó la posibilidad de ceder a las mutuas la gestión de las altas y las bajas laborales, tal y como había pedido la patronal catalana de Pymes, Pimec, a raíz del informe de la AIReF. Según el número dos del Ministerio de Sanidad, eso supondría “un menoscabo en los derechos de los trabajadores”.
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