El
pacto entre PSOE y Sumar ha generado opiniones entre todos los sectores de la política y de la sanidad española. En este sentido,
los sindicatos no se han quedado al margen y han manifestado su punto de vista respecto a los temas que consideran esenciales de cara a una próxima legislatura. Entre las reclamaciones más destacadas se encuentra la
reducción de la jornada laboral a 35 horas de
CSIF y
CCOO y la demanda de estos últimos de contratar cerca de 40.000 profesionales más. Por otra parte, la importancia de garantizar una inversión sólida para la sanidad pública se presenta como punto en común de ambos partidos, una solicitud a la que se suman
UGT y
CESM.
La reducción de la
jornada laboral a 37 horas y media ha sido
uno de los grandes hitos que rodea el acuerdo del posible gobierno de coalición. Se trata de una medida que ya había estado en el foco para muchos de los sindicatos. Desde
UGT,
Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical, ha manifestado a
Redacción Médica que esta agrupación ya había reclamado esta disminución a todas las formaciones políticas hace un año. Además, desde la formación señalan que, aunque "
valoran positivamente que se toque la jornada laboral por primera vez en cuarenta años",
en ámbito sanitario, lo que ellos reclaman es "
una jornada de 35 horas por ley para esta legislatura, que continúe en camino hasta conseguir la reducción a las
32 horas, cuatro días a la semana", lo que califican como su "objetivo final".
Según la asociación de
Fernando Hontangas, responsable de Sanidad de
CSIF, “las 37,5 horas siguen siendo insuficientes”. “Nosotros
pedimos la jornada de 35 horas, y medidas urgentes ante el deterioro de la sanidad y del conjunto de los servicios públicos. El año pasado el Gobierno se comprometió a implantar medidas para la Función Pública, pero siguen sin desarrollarse”, ha expresado.
Para
Humberto Muñoz, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de
CCOO, “la dignificación de las condiciones de trabajo de la plantilla del SNS no solo pasa por reducir la precariedad, sino por
mejorar sus salarios, sus cargas de trabajo y su desarrollo profesional”. Por esto, dentro de estas mejoras, considera que “la recuperación y extensión a todas las CCAA de las 35 horas de jornada semanal en los servicios sanitarios es esencial”.
Falta financiación para el sector sanitario
Comisiones Obreras también cree que la
Atención Primaria se encuentra, en la actualidad, en un “estado de
abandono”. “Es considerada erróneamente con la visión simplista de que es la puerta de acceso al sistema, cuando resuelve más del 80 por ciento de los problemas de Salud que se presentan”, comenta.
Humberto Muñoz (CCOO): "Si no queremos que todo el sistema sanitario se desmorone como un castillo de naipes, se requiere una inversión inmediata de 10.000 millones de euros"
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Desde este sindicato consideran que su el
fortalecimiento de la AP “es prioritario si no queremos que todo el sistema se desmorone como un castillo de naipes”. Para ello, señalan que es necesario “aplicar un plan de choque que requiere una
inversión inmediata de diez mil millones de euros”. Junto a esto, reclaman la
contratación “de alrededor de
cuarenta mil profesionales sanitarios”, además de necesitar que “la cuarta parte” del presupuesto anual referido a sanidad.
Junto a esto, Muñoz cree que falta “
mejorar de forma significativa la financiación de la sanidad pública en los Presupuestos Generales del Estado”. “Hay que pasar del actual 6,7 por ciento del PIB, al menos,
al 7,5 por ciento”. Además, creen que se debe mantener esa tendencia de incremento creciente durante toda la legislatura “para acercarnos a los países más avanzados de nuestro entorno, que ya están sobre el ocho o nueve por ciento del PIB”.
La
congelación del gasto en el ámbito sanitario que se ha traslado en el plan presupuestario enviado a Bruselas también es una de las cuestiones que más preocupan a
CSIF. Junto a esto, este sindicato opina que el Gobierno también debe diseñar una oferta de empleo público para el próximo año que permita “reforzar plantillas por encima de las jubilaciones y eliminar la tasa de reposición”.
Tomás Toranzo (CESM): "Es un brindis al sol inviable si no ponen dinero"
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En la misma línea,
CESM considera que este acuerdo “no ofrece ninguna novedad porque todas estas cosas ya estaban previstas y no se han hecho todavía”. El presidente de este sindicato,
Tomás Toranzo, considera que “el acuerdo es un brindis al sol descarado” y que hace falta “como mínimo”,
más financiación.
“Hace falta dinero para sacar adelante estos proyectos, porque en el acuerdo no se ofrece ninguna facilidad para desarrollar la
estrategia de Atención Primaria que ya se aprobó en 2019. En un sistema de salud como el que tenemos, con listas de espera altísimas y desmotivación de los profesionales, querer aumentar todo esto que dicen sin poner un duro no tiene sentido”, declara Toranzo.
Pero no todas las opiniones son negativas.
UGT, por su parte, a pesar de considerar que todas las propuestas sanitarias que han compartido PSOE y Podemos “deben ir acompañadas de una
inversión tanto en
instrumentos como en
instalación y
equipamiento”, creen que el acuerdo “va en una buena dirección”. La agrupación sindical también
se ha mostrado de acuerdo con muchos de los puntos recogidos en el acuerdo, como la incorporación de nuevas prestaciones o la fijación de un tiempo máximo de espera, entre otras.
¿Qué opinan los sindicatos de la invasión de competencias?
Desde UGT se desmarcan por completo respecto a la polémica generada por la
‘invasión de competencias’ en materia sanitaria. “No queremos entrar en disputas sobre competencias. No es nuestro cometido. Nosotros no hemos examinado el asunto desde el punto de vista de los artículos 148 y 149 de la Constitución. A nosotros nos preocupa que los servicios básicos en materia de sanidad tienen que tener cierta uniformidad y r
espetar los derechos básicos”, manifiesta la formación.
Junto a UGT, CESM ha sido el único sindicato que se ha manifestado respecto a este asunto. “Aquí se habla mucho de consenso, de pactos de Estado… pero luego a la hora de tomar decisiones, aunque sean bienintencionadas, no cuentan con quienes las tienen que llevar a cabo, que son
los miembros del Consejo Interterritorial. Es una falta de respeto”, explica su presidente.
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