No habrá ninguna decisión en referencia a los interinos que no pase por el diálogo social. Así lo ha expresado el secretario de Estado de Empleo,
Juan Pablo Riesgo, en la Comisión de Empleo del Congreso, que había pedido la comparecencia de la ministra para abordar la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la temporalidad.
"El Gobierno comparte la preocupación por la situación, pero desde el primer momento en que tuvimos conocimiento de la sentencia
nos pusimos a actuar; convocamos el diálogo social, donde se acordó constituir el grupo de expertos, que
nos ha trasladado sus trabajos, y hemos convocado al diálogo social para trabajar con ellos y adoptar decisiones. Hemos convocado cinco mesas, y todo el proceso ha sido dialogado, no permaneceremos parados", ha dicho Riesgo en el Congreso.
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"Si hay que acatar algo, nos gustaría saber qué es, porque el tribunal ha dicho que el tema no está cerrado"
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El secretario de Estado ha recordado que este problema de la temporalidad lleva en los mismos términos más de 36 años, y llama la atención la urgencia actual de los partidos políticos por solventarlo. "El Gobierno no va a abordar nada de espaldas al diálogo social, y estamos trabajando en ello. Ayer mismo Economía puso sobre la mesa una
propuesta para reducir del 25 al 18 por ciento la tasa de eventualidad sanitaria. Pero si hay que acatar algo, nos gustaría saber qué es, ya que el propio tribunal ha dicho que
el tema no está cerrado", ha declarado en respuesta a la portavoz socialista en la comisión.
Según Riesgo, la sentencia
genera ciertas dudas sobre su alcance, y es una cuestión que no ha sido regulada por la reforma laboral, una acusación que se ha escuchado en boca de diferentes portavoces durante la comisión. Además, ha recordado a Sergio del Campo, de Ciudadanos, que el propio tribunal ha dejado claro que el
contrato único que su grupo defiende no es la única solución.
Baile de cifras
El secretario de Estado ha defendido que su partido ha conseguido
reducir la brecha salarial de las mujeres 4 puntos desde 2012, han aprobado un
plan de lucha contra el fraude que ha supuesto más de 18.000 millones de euros en términos económicos, y han sacado a la luz más de
250.000 contratos temporales irregulares que se han convertido en indefinidos gracias a la actividad inspectora, ya que han dotado al ministerio de más de 400 nuevos inspectores y subinspectores.
Estas cifras han sido rebatidas tanto por el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya,
Jordi Salvador como por el de Ciudadanos,
Sergio del Campo, que han recordado que si en 2009 había 178 inspectores de trabajo, actualmente sólo hay dos más. "Menos comisiones y pónganse a trabajar de una vez", le ha recriminado Salvador.
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