Mientras los partidos políticos intentan constituir un gobierno estable tras las elecciones del pasado 26 de junio, España vive con una sensación de vacío de poder, con un Gobierno en funciones con el que nadie quiere negociar por no ser interlocutor válido. Podría ser la Sanidad una excepción a tener en cuenta, por el hecho de que las competencias están trasferidas a las comunidades autónomas, pero nada más lejos de la realidad.
Moncloa ya está preparada para lo peor, la temible prórroga de los Presupuestos. El ‘no’ de Sánchez parece inamovible, y a pesar de los intentos de Rajoy para salir del bloqueo, los plazos son difíciles de cumplir. El 30 de septiembre es la fecha límite para aprobarlos y para cumplir con este cronograma la investidura debería celebrarse como tarde el próximo 26 de agosto. En caso de no ser así, los presupuestos se prorrogarían con las mismas cuantías lo que no se actualizarían los salarios de los trabajadores públicos, entre ellos, los sanitarios.
A esto hay que sumar, recortes de ayudas, paralizaciones de las inversiones en infraestructuras sanitarias y un sinfín de noticias negativas para la Sanidad española. "Para poder aprobarlos este año tenían que haber empezado a preparlos ya", han asegurado fuentes de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos a Redacción Médica.
Sobre la mesa permancen posibles decretos a derogar, normas pendientes que negociar, foros que convocar, nombramientos que no llegan y una calidad asistencial que se está viendo mermada “porque muchas medidas están relacionadas con dinero que tiene que venir del Ministerio de Sanidad y que no termina de llegar”, según ha apuntado Fernando Molina, presidente del sector de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
En los hospitales y en la Atención Primaria, denuncia Molina, hay una “presión asistencial brutal”, por el cierre de camas y porque “no siempre hay sustituciones”. Como consecuencia, el sindicalista ha apuntado dos consecuencias: el aumento de las agresiones al personal sanitarios y la disminución de la calidad asistencial. “Esto se solucionaría si las decisiones que se tomen en el Consejo Interterritorial fueran vinculantes”, ha sentenciado Molina.
En el caso concreto de los médicos “está todo parado”, según ha asegurado Francisco Miralles, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos del (CESM). La principal consecuencia de la falta de gobierno para el colectivo médico es la paralización del decreto de Unidades de Gestión Clínica. Y es que la pasada legislatura terminó con un consenso en el borrador del decreto y el Ministerio de Sanidad se comprometió a aprobarlo por vía de urgencia. “Hoy permanece en un cajón”, ha señalado Miralles.
Además, para el secretario general de CESM, también hay un propuesta que espera ser descongelada, la relativa a la mejora de la estabilidad del empleo médico, que se aprobó en el Consejo Interterritorial. Y aún queda por convocar el foro de la profesión. “Sanidad es un sector que hay que atender los 365 días del año, no podemos estar un día más sin gobierno”, ha concluido Miralles.
Enfermeros, listos para pedir la derogación del decreto de prescripcion enfermera
Tal y como vienen reclamando desde su aprobación, la principal preocupación por la ausencia de gobierno en el colectivo enfermero radica en la modificación del Real Decreto de prescripción enfermera. “No estamos negociando nada porque no tenemos con quién”, ha alegado Marta Rocha, portavoz del sindicatos de enfermeros Satse y adjunta a la secretaria general de acción sindical. “Como están en funciones, nos ha dicho el Ministerio, no pueden dar marcha atrás”.
En campaña electoral, PSOE, Ciudadanos y PNV se comprometieron a modificar el decreto en el caso de llegar a gobernar. La entrada de cualquiera de ellos en el Gobierno o en las negociaciones podría allanar el camino para que “recuperemos nuestras competencias”, ha asegurado.
Ninguna otra reivindicación de este colectivo se está llevando a cabo estos meses “porque no hay mesa de negociación”, ha denunciado Rocha, al tiempo que ha asegurado que lo están haciendo a través de las comunidades autónomas y de la denuncia pública y social.
Por último, los farmacéuticos, que el pasado lunes respiraron gracias a la aprobación de la nueva Orden de Precios de Referencia, esperan la llegada de un nuevo gobierno “que haga desaparecer el decreto 5/2000”, que establece una doble imposición fiscal que origina un grave perjuicio económico a las farmacias.
Lo cierto es que en su origen, esta norma fue presentada como “urgente” y “temporal” por la coyuntura económica que se vivía en España, “pero es de justicia social si estamos saliendo de la crisis como dicen que desaparezca”.
El caso catalán, el juego entre Puigdemont y la CUP
En Cataluña no hay gobierno estable, ni a nivel estatal ni autonómico, y tampoco hay presupuestos, pues aún no han podido ser aprobados por el veto de la CUP. Sin nuevas cuentas, los sanitarios dicen adiós al plan de choque para reducir las listas de espera y a todo lo que venía con él, es decir, más contrataciones de personal y más actividad para los hospitales catalanes.
Tampoco se reabrirán centros de Atención Primaria cerrados, ni los profesionales pondrán recuperar las condiciones salariales que han ido perdiendo durante los últimos años. “La prórroga es la peor noticia que podíamos esperar”, lamentó hace unos días el secretario general del sindicato Médicos de Cataluña (MC), Josep María Puig. La falta de presupuestos, aseguró, repercutirá en las políticas sanitarias “y lo peor es que lo acabarán pagando los profesionales y los pacientes”.
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