La
contratación menor del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) entre 2014-2015
cumplió con la
Ley de Transparencia en lo relativo al acceso a la información pública y buen gobierno.
Así lo dictamina el
Tribunal de Cuentas en un reciente informe fiscalizador, donde analiza (tanto desde un punto de vista objetivo como subjetivo) los contratos de este organismo, incluyendo todas sus fases (preparación, adjudicación, ejecución y extinción) en los años últimos años.
Asimismo, con este informe, el tribunal busca
verificar el cumplimiento de los límites cuantitativos y temporales establecidos para los contratos menores en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; analizar los posibles casos de fraccionamiento indebido de estos acuerdos; comprobar que en los expedientes de contratación constan con
la aprobación de gasto y las facturas correspondientes, así como, en su caso, en los contratos de obras, el presupuesto y el proyecto cuando así lo requieran las normas específicas; pero también analizar la ejecución y el cumplimiento de estos contratos, atendiendo a su recepción, facturación y pago.
En su documento, la institución también avala que “los
expedientes de contratación del Imserso se ajustan a las normas aplicables”, pero le recomienda –en aras del principio de transparencia- que los complemente con documentación relativa como: la justificación de la necesidad de contratar, la adecuación de la oferta al precio general del mercado y la comprobación de los requisitos de capacidad y solvencia del adjudicatario.
Medidas a mejorar, según el Tribunal de Cuentas
Pero el Tribunal de Cuentas no solo habla de transparencia en su informe. Al final del mismo, el organismo dirige a la Dirección general del Imserso una serie de
recomendaciones (tres, en concreto). La primea de ella, le pide “adoptar las medidas necesarias para incrementar los
controles informáticos internos” que permita garantizar el adecuado tratamiento de la información de esta contratación menor.
El segundo, solicitar
ofertas a varias empresas, cuando las circunstancias de un contrato –y especialmente su cuantía- así lo aconseje. “Al existir mayor competencia, podrían obtenerse mejores condiciones económicas”, sugiere.
Y, por último,
incrementar el control de los expedientes, para garantizar le adecuado cumplimiento del procedimiento establecido para la ejecución del gasto público, “en aras de una mayor transparencia del procedimiento”.
Acceda al informe del Tribunal de Cuentas sobre el Imserso
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