A raíz de la investigación por presunta financiación ilegal de la campaña electoral a las elecciones europeas de
Alvise Pérez, los máximos responsables del
Ministerio de Sanidad han aprovechado para volver a enarbolar en las últimas semanas la bandera de defensa de la
sanidad pública -financiada directamente de los impuestos generales-, un debate de profundo calado que no sólo se limita a términos fiscales: frente al aumento creciente de los seguros privados, en el departamento insisten en que la fórmula para robustecer un sistema que no merme el bolsillo del usuario se basa en la doble vía de
reducir las listas de espera y reforzar la
Atención Primaria.
En un vídeo, el eurodiputado admitió haber cobrado 100.000 euros en negro para financiar su campaña y, tras criticar el “sistema criminal” y comparar a
Hacienda con una “mafia”, animó a la ciudadanía a eludir al fisco: “Todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis”. Una vez sabido que la Fiscalía del Supremo lo investigaría, la ministra de Sanidad,
Mónica García, se sirvió de esas palabras para darle la vuelta a la tortilla.
“Un
trasplante de pulmón cuesta 70.000 euros, un embarazo cuesta 4.000 euros, un bypass, 25.000 euros; una operación de rodilla, 4.000 euros; el coste diario de un ingreso hospitalario, 5.000 euros. ¿Sabéis cuánto pagamos cuando salimos de la puerta de nuestra sanidad pública? Cero euros. Así que, sí, por favor, pagad todos los impuestos que podáis. De ello depende nuestra salud, de ello depende nuestra sociedad”, dijo la titular del departamento, que concluyó afirmando que, sin la sanidad pública, “estaríamos hablando de otros modelos en los que el 65 por ciento de las bancarrotas, como ocurre en
Estados Unidos, se deben a problemas de salud”.
La reivindicación de García cobra mayor relevancia si se consulta la segura oleada del
Barómetro Sanitario, publicado a primeros de octubre y elaborado por Sanidad y por el Centro de Investigaciones Sociológicas (
CIS). Entre otras conclusiones, se destacó que, a pesar de que la sanidad pública se financia desde 1997 con los
impuestos generales, el 49 por ciento de la población piensa aún que esa financiación llega de las cotizaciones de los trabajadores, y sólo el 46,2 por ciento sabe que las prestaciones sanitarias públicas están sufragadas con los impuestos de todas las personas.
Gasto catastrófico en salud: España a la cola europea
Más allá de eso, lo cierto es que los datos avalan la defensa de García para con el modelo público en lo que se refiere a la repercusión en el bolsillo de la ciudadanía. Según el informe
Spain: health system review 2024, elaborado por la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (
OMS) dentro de su serie
Health Systems in Transition, España se encuentra entre los países europeos con el menor porcentaje de gasto catastrófico en salud. El nivel de hogares arruinados por esta circunstancia en 2019 no llegaba en España al 2 por ciento, lo cual lo sitúa con el trigésimo quinto, de 39 países, en este sentido.
De acuerdo al
documento sobre la situación del Sistema Nacional de Salud (
SNS), que se presentó oficialmente a mediados de septiembre en el Ministerio de Sanidad, en 2021 -de cuando data la última información consolidada-, el 71,7 por ciento del
gasto total en salud en España fue financiado públicamente a través de impuestos, y la financiación restante provino de “gastos directos de bolsillo”, que constituyeron el 20,6 por ciento, y de
seguros de salud voluntarios, que sólo representaban el 7,7 por ciento.
Aumento de los seguros privados de salud
Dentro del gasto ajeno a la
financiación sanitaria pública, en el informe se apreció una ligera reducción del 28,7 por ciento de 2015 al 28,3 por ciento de 2021 que se explicaba por la bajada de 1,4 puntos de los “gastos directos de bolsillo”. Por el contrario, la proporción del gasto en seguros privados individuales aumentó del 5,95 por ciento en 2015 al 6,89 por ciento en 2021.
Esa tendencia al alza también quedó reflejada en los datos ofrecidos en marzo por la Unión Española de Entidades Aseguradoras (
Unespa): en 2023,
los seguros de salud privados aumentaron un 6,59 por ciento. Para la Alianza de la Sanidad Privada Española (
ASPE), el “crecimiento acelerado” de las pólizas de seguros “puede reflejar deficiencias en el sistema público”. Fuentes de la patronal advirtieron entonces a
Redacción Médica que, en cualquier caso, el sector privado “debe ser” un complemento a la sanidad pública, pero “no una alternativa forzada debido a limitaciones”.
Claves frente al aumento del gasto individual en sanidad privada
Frente a ello, en el Ministerio de Sanidad tienen claro qué conduce a la ciudadanía a la
contratación de seguros privados: “El primer motivo es saltarse las listas de espera, el segundo es saltarse al que le deriva a las listas de espera, es decir, al médico de Familia”, dijo el secretario de Estado
Javier Padilla durante su reciente
comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. “Los dos motivos fundamentales son esos, es decir, evitar el primer nivel de asistencia sanitaria y evitar la espera en el ámbito de las listas de espera.
Padilla recordó que, al margen del ministerio, el partido al que tanto Mónica García y él pertenecen,
Sumar -a través de
Más Madrid-, ha puesto sobre la mesa de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (
PGE) para 2025 la “
eliminación de algunos incentivos fiscales a la contratación de seguros privados”.
“Esperamos que pueda salir adelante porque, verdaderamente, creemos que no tenemos que estar sufragando con el
erario público la contratación, totalmente libre, de las personas individuales de llevarlo a cabo. Ahora bien, creo que la actuación sobre esto no radica especialmente en actuar sobre el seguro privado, sino en actuar sobre los motivos fundamentales que hacen que la gente los contrate: listas de espera y Atención Primaria. De forma que, si alguien me habla de seguros privados, yo le hablaré de listas de espera y de Atención Primaria”, añadió el secretario de Estado.
Para solventar los problemas que ‘ahuyentan’ a los ciudadanos de la sanidad pública, en los despachos del
departamento ministerial sanitario se están cocinando dos iniciativas: el nuevo
Plan de Acción de Atención Primaria y las futuras
modificaciones normativas de dos reales decretos sobre listas de espera, uno de 2003, que fija tiempos de tratamiento homogéneo, y otro de 2011, que establece tiempos máximo de acceso a los servicios del SNS.
En lo concerniente a las listas de espera, desde Sanidad siempre se ha defendido que estas iniciativas saldrán adelante “con el mayor consenso de las partes implicadas”, es decir, con las comunidades autónomas. Por ello se creó un grupo de trabajo específico en el seno del
Consejo Interterritorial. El objetivo es que los cambios pretendidos se hagan efectivos en 2026.
En cuanto al Plan de Acción de Atención Primaria, el objetivo del ministerio es aprobarlo antes de que acabe este año, según reiteró Padilla en la
Comisión de Sanidad, durante la cual también hizo alusión a la necesidad de
redefinir el modelo de recursos humanos del SNS no sólo dirigiendo el foco a la oferta, sino también adaptando la demanda -plazas en universidades, plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), incentivos contractuales “económicos y no económicos”- a las actuales circunstancias vitales, demográficas y, por ende, asistenciales, con más
cronicidad y
pluripatologías en una ciudadanía envejecida.
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