David García / Javier Barbado. Madrid
El Ministerio de Sanidad ha dejado en suspenso, en el redactado del decreto de unidades de gestión clínica (UGC) que acaba de publicar, la figura y condiciones de quien las lidere así como su financiación.
De lo primero, solo se especifica que compondrán estas unidades tanto personal sanitario como no sanitario, sin hacer mención a la cabeza de equipo, y, de lo segundo, asegura que su instauración no supondrá coste alguno, pero, al mismo tiempo, prevé incentivos para aquéllas que obtengan buenos resultados.
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Carlos Moreno, director general de Ordenación Profesional.
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En efecto, el borrador del decreto de gestión clínica ofrece algunas dudas en el aspecto financiero. El texto deja bien claro que “en ningún caso, su creación supondrá incremento de puestos de trabajo y aumento de estructura o de costes”; sin embargo, sí que garantiza que los profesionales que formen parte de las unidades tendrán derecho a incentivos económicos en función del cumplimiento de objetivos.
Al mismo tiempo, en otro de los artículos del borrador de decreto, se especifica que “los Acuerdos de Gestión Clínica podrán prever una partida presupuestaria asignada a incentivos por la consecución de los objetivos programados, en la forma establecida legal y reglamentariamente por la norma autonómica de desarrollo”, o lo que es lo mismo, Sanidad deja claro que la financiación de las UGC será de las comunidades autónomas y que en ningún caso será una carga para las arcas estatales.
Lo mismo ocurre con los incentivos. Sanidad deja en manos de las CCAA qué cantidades, en qué forma y a qué profesionales se destinarán los incentivos.
Además, el proyecto de decreto también fija que formarán parte de ellas no solo los profesionales de la salud, sino también los no sanitarios que lo deseen de forma voluntaria, lo que incluye a administrativos o cualquier otro rango laboral que preste sus servicios en los hospitales.
Asimismo, el documento confirma el consenso de las peticiones del Foro de la Profesión Médica acerca de que las UGC carezcan de personalidad jurídica propia, dependan de la gerencia del centro o institución sanitaria en la que se encuentran integradas y se constituyan en el ámbito de cada comunidad autónoma o, en su defecto, del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Evaluación y condiciones de su resultado
En todo caso, las UGC actuarán sometidas al ordenamiento jurídica general pero, al mismo tiempo, disponen de autonomía para la organización y gestión del personal y de los materiales que le sean asignados.
Asimismo, el texto del decreto aclara que serán evaluadas al concluir el ejercicio anual y, conforme al resultado de la inspección, se decidirá sobre su continuidad o supresión así como su permanencia en el grado de autonomía y funcionamiento general que haya alcanzado (en este extremo, se abre la posibilidad de aumentar su capacidad autónoma si los resultados han sido satisfactorios).
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