El pasado 28 de junio, como cada año, se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBT, que reivindica la tolerancia y la igualdad de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Una celebración que no solo marca esta jornada sino que ha servido para ir concienciando a las instituciones en la importancia de apoyar a estos colectivos. En España, las diferentes consejerías sanitarias tienen o colaboran en programas de apoyo, si bien algunas han mostrado mucha más disposición para abordar estas cuestiones.
Es el caso de Madrid, Andalucía, País Vasco, Canarias y Extremadura, que cuentan con una ley de indetidad de Género. Esta última cuenta con leyes de salud reproductiva que permiten a las madres solteras o parejas homosexuales recibir los tratamientos de fecundación asistida. Una situación en la que también se encuentran Asturias y Castilla-La Mancha, y es que si la norma nacional condiciona el tratamiento a ser mujer y tener problemas de fertilidad, estas regiones garantizan que sus servicios no excluyen el resto de casos. Asimismo, en los últimos días la comunidad presidida por Emiliano García-Page se ha reunido con varias asociaciones que reclaman que el sistema sanitario público cubra las operaciones de reasignación de sexo.
País Vasco cuenta desde hace cuatro años con la Ley de no discriminación de las personas transexuales, que contiene un apartado dedicado a la atención sanitaria. Además, un decreto de 2015 proclamó la Declaración de Derechos y Deberes de estas personas en el sistema sanitario de la región, que reconoce explícitamente a este colectivo como vulnerable, por lo que requieren una política sanitaria específica. Cabe destacar el funcionamiento de la Unidad de Género del Hospital Universitario de Cruces de Bilbao, que ha realizado desde su puesta en marcha más de 3.000 consultas y más de un centenar de intervenciones quirúrgicas, incluyendo la cirugía de reasignación genital. Por último, el Gobierno vasco está dando las últimas pinceladas a la Guía de Atención Integral a personal en situación de Transexualidad, con actuaciones recomendadas desde el ámbito sanitario.
Navarra es otra de las comunidades que cuentan con una ley específica de no discriminación. También tiene una unidad de referencia dentro del Servicio de Salud, donde se llevan a cabo las operaciones quirúrgicas, pudiendo derivar pacientes a otros hospitales públicos y privados para realizar operaciones de cambio de sexo.
En Castilla y León, a falta de una norma, funciona con un protocolo de atención sanitaria a los problemas de identidad de género. No se realizan cirugías de reasignación sexual, sino que se hace a través de convenios con otras comunidades autónomas. “El personal de Atención Primaria tiene un papel fundamental en la coordinación y continuidad de la asistencia a la persona transexual, y por ello debe contar con las habilidades y el nivel formativo adecuado para aportar a todo ciudadano que lo solicite, la información necesaria en relación a las cuestiones de identidad de género”, han asegurado fuentes de la Consejería.
En Aragón, las operaciones de cambio de sexo están incluidas en la cartera de servicios sanitarios, aunque no existe una ley específica de no discriminación, paliada en este caso por la instrucción sobre Atención Sanitaria a personas Transexuales.
Unidades públicas de referencia
En Cataluña, la sanidad pública financia las intervenciones de cambio de sexo desde el año 2008. Es el Hospital Clínic el pionero en este sentido, accediendo a esta cartera de servicios desde la unidad de psiquiatría. Para incorporarse al programa quirúrgico la persona tiene que haber sido atendida en la unidad un mínimo de dos años, ser mayor de edad y llevar doce meses de tratamiento hormonal y doce meses de experiencia de vida real.
En la Comunidad Valenciana, la Consejería devolvió el pasado mes de octubre de 2015 el acceso a los tratamientos de reproducción asistida en centros públicos a lesbianas y mujeres solas, a quienes se excluyó por parte del Gobierno Central en 2014 y dos años antes por parte de la anterior administración autonómica. Asimismo, en la Oferta de Formación Continua de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (publicada en abril de 2016), dependiente de la Consejería, se ofertan por primera vez dos ediciones del curso “Abordaje de la salud sexual y de la diversidad sexual desde la Atención Primaria”.
En Andalucía, la Consejería ha decidido que las personas transexuales que residen en Andalucía puedan cambiar el nombre que figura en sus tarjetas sanitarias para adaptarlo a su identidad de género. Con ello, se cumple la ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, que en su artículo 2.4 reconoce el derecho de toda persona a “ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía”.
Del mismo modo, en aplicación de la Ley, se están llevando a cabo otros protocolos de atención sanitaria que se han puesto en marcha en el Servicio Andaluz de Salud. Se está trabajando en los Procesos de Atención Sanitaria a Personas Trans Adultas y en la Infancia y la Adolescencia, para lo que se han constituido dos grupos de trabajo de profesionales expertos en esta materia y en donde participan las asociaciones que representan a este colectivo. Igualmente, se está desarrollando de forma colaborativa con asociaciones y colectivos la elaboración de la Estrategia “Al Lado” como forma de apoyo y acompañamiento a estas personas.
También en menores
En Murcia, el pasado mes de mayo se aprobó la ley de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Una norma que incide en que el sistema sanitario público prestará atención psicológica y clínica a los transexuales, tanto menores de edad como adultos, para lo cual les proporcionará tratamiento hormonal, el proceso quirúrgico genital, aumento de pecho y masculinización de tórax, así como las prótesis necesarias y las medicaciones que modulen su tono y timbre de voz acorde con su sexualidad.
En La Rioja no hay una ley específica y los casos de reasignación de sexo se derivan a otras comunidades que sí lo ofrecen su cartera pública de servicios. Si bien la región organiza políticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual enmarcadas en proyectos de salud pública. Algo similar ocurre en la Comunidad de Madrid, donde muchos aspectos que afectan a estos colectivos se llevan desde Bienestar Social y Familia, que desde 2002 tiene un plan específico. Si bien en 2015 se puso en marcha Programa LGTBI de la Comunidad de Madrid, que aglutina a profesionales preparados para dar respuesta a las demanda del sector.
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