La
sanidad penitenciaria debe estar integrada en el
Sistema Nacional de Salud (SNS) para su integración funcional, según la última proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.
Para conseguirlo, los socialistas instan al Gobierno a que “proceda a establecer con las comunidades autónomas que todavía no tienen transferida la atención sanitaria de las prisiones,
convenios de largo plazo que posibiliten una integración funcional completa de los servicios de sanidad penitenciaria en sus correspondientes servicios autonómicos de salud”.
Dichos convenios –se especifica- “cuantificarán y asegurarán la responsabilidad financiera íntegra a cargo de la administración penitenciaria”. Además, la iniciativa del PSOE pide que se “
abonen con carácter inmediato las facturas pendientes de pago que la administración penitenciaria adeuda a las autonomías como consecuencia de los servicios sanitarios prestados por éstas a la población reclusa”.
Normalizar a la atención a la población reclusa
Según se explica en la iniciativa, “la
insuficiencia financiera de las comunidades agravada durante la presente crisis económica, ha imposibilitado a éstas a asumir el coste de estas competencias en ausencia de un nuevo modelo de financiación autonómica”. Y, aunque en varias autonomía se han formalizado
acuerdos de colaboración entre los servicios de sanidad penitenciaria y los correspondientes servicios autonómicos de salud, lo que supone “un importante avance en la mejora de la calidad y continuidad asistencial”, no llegan a alcanzar “todas las ventajas que para la población reclusa y para las propias administraciones sanitarias conllevaría la integración funcional completa de los servicios de sanidad penitenciaria”.
Con esta iniciativa, “se busca normalizar de manera completa la atención a la población reclusa, de manera que l
a asistencia sanitaria en el interior de las prisiones se homologue a las condiciones de asistencia de cualquier otra persona residente en el territorio”. Asimismo, el grupo socialista ha registrado una batería de preguntas para conocer los convenios existentes entre la administración penitenciaria y las Comunidades Autónomas, así como la cuantía de las facturas pendientes de pago.
Ciudadanos y Podemos, pioneros en pedirlo
Otros grupos como
Ciudadanos y Podemos también han iniciado los trámites parlamentarios para exigirle al Gobierno que transfiera la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, tanto en el Congreso como en el Senado. Es precisamente en la Cámara Alta donde
se ha aprobado esta semana y de forma mayoritaria este traspaso “inmediato”.
Transferencia a Navarra
Por otro lado, el portavoz socialista de Sanidad,
Jesús Mª Fernández, diputado por Navarra, ha presentado otra proposición no de ley solicitando al Ejecutivo español “que acuerde con el Gobierno de Navarra, de acuerdo con
los mecanismos contemplados en la Lorafna, la transferencia de la competencia de sanidad penitenciaria y su integración en el Servicio Navarro de Salud-Osasinbidea”.
Hasta ahora, la única comunidad que ha procedido a la transferencia e integración directa de la sanidad penitenciaria en el servicio autonómico de salud ha sido el
País Vasco en julio de 2011, “integración que se produjo con total normalidad, cooperación entre administraciones y que ha sido bien aceptada tanto por usuarios como por profesionales”, indica este documento. Mientras tanto, en
Cataluña se hizo una transferencia completa de la administración penitenciaria al Gobierno de la Generalitat que posteriormente dio lugar a la incorporación de los servicios sanitarios en el Instituto Catalán de Salud.
Acceda a la PNL del PSOE de traspaso de la sanidad penitenciaria a las CCAA
Acceda a la PNL del PSOE del traspaso de la sanidad penitenciaria a Navarra
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