David García. Madrid
El PSOE ha dado un paso más en la elaboración de su programa electoral sanitario y ha avanzado parte de su contenido que, según insisten en el partido, no es el definitivo.
Se trata de un programa marco sobre el que se asentará el programa definitivo, que será aprobado a mediados de noviembre y que contará con las aportaciones de militantes y simpatizantes y obviamente con el refrendo de la Ejecutiva del partido.
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Rafael Bengoa, asesor de sanidad del partido, y Pedro Sánchez, secretario general del PSOE.
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Este programa marco gira sobre un eje fundamental que es “garantizar la universalidad de la sanidad”, aunque para ello aún no han adelantado a través de qué método hacerlo (simplemente derogando el RD 16/2012, con una enmienda, etc.). Sí que insisten desde el partido que la idea es recuperar el espíritu “universal” de los gobiernos socialistas que construyeron el SNS, y basarse también en la propuesta ya anunciada de incluir la sanidad como un derecho constitucional.
En este sentido, además de apostar por lo universal, este borrador también lo hace por lo público, aunque deja la puerta abierta a la empresa privada para que desarrolle “actividades complementarias”.
Otro de los problemas que pretenden abordar, tal y como han venido avanzando en estos últimos meses, es el de la infrafinanciación del sistema, y para ello proponen una reforma fiscal en la que la sanidad pública será “un ámbito prioritario” de la inversión.
La financiación de los medicamentos también está contemplada en el borrador del programa, ya que anuncian que revisarán la aplicación del copago farmacéutico. En lo que a farmacia se refiere, avanzan además su intención de incorporar el modelo de subasta pública de medicamentos que funciona en la actualidad en Andalucía.
Este programa marco también prevé una de las iniciativas que ya se han anunciado anteriormente, como es la regulación de la muerte digna (que ya han intentado durante la legislatura desde la oposición).
En cuanto a los pacientes, los socialistas adelantan que propondrán ayudas para la compra de productos sin gluten dirigidas a celíacos y también otra partida para las víctimas de la talidomida.
No hay grandes referencias hacia los profesionales, aunque han plasmado la intención de contratar más enfermeros y trabajadores sociales para potenciar así la idea de un sistema que se encamine a lo sociosanitario.
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