El PSOE descarta la objeción médica en su Propuesta de Ley de muerte digna

El PSOE ha presentado este martes en el Congreso una Proposición de Ley para regular "los derechos de la persona ante el proceso final de la vida". El propósito de la norma es "propiciar el mayor alivio posible del sufrimiento físico, psíquico y moral" de los pacientes y "garantizar el pleno respeto de su libre voluntad en la toma de las decisiones sanitarias".
 
En la propuesta del PSOE, el médico se ve como garante de los derechos del paciente y se le excluye de "cualquier posible responsabilidad derivada de asumir las decisiones de la persona en el proceso final de su vida". El médico estará obligado a "respetar la convicciones" del pacientes y a "abstenerse de imponer" sus criterios. Según ha explicado José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Senado, "no puede haber objeción de conciencia en algo que supone un derecho". 
 

Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, y José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Senado.

Así, la ley determina las obligaciones que debe asumir el sanitario en estos procesos. Entre ellas se encuentran proveer de información suficiente al paciente, registrar todos los datos en la historia clínica y valorar si el paciente es capaz de decidir por sí mismo. Deberá también hacer prevalecer la voluntad del paciente, recogida en un documento de instrucciones previas, incluso cuando esto contradiga a la persona a la que el paciente ha elegido como representante.
 
En el proceso de medidas terapéuticas, el médico debe adecuar "el esfuerzo terapéutico de modo proporcional a la situación del paciente". De esta manera, evitará intervenciones y medidas de soporte vital "carente de utilidad clínica". Para determinar las medidas oportunas deberá contar con el respaldo de otro colega, haber informado al paciente y su representante y escuchado el criterio del profesional de enfermería. 
 
Sociedad avanzada
 
Para el PSOE esta ley trata de "dar respuesta jurídica global" a la cuestión de la muerte digna ya que considera que "en una sociedad democrática avanzada los derechos deben acompañar a los ciudadanos desde que nacen hasta que mueren".
 
Tal y como se recoge en la propuesta, se debe asegurar que el paciente no va a afrontar este proceso "al albur de la posición asumida al respecto por una determinada Administración sanitaria o de la sensibilidad de unos concretos profesionales sanitarios". Es decir, que plantea que estos derechos sean "de cumplimiento exigible a todos". 

El texto recoge dos instrumentos para que el proceso de muerte digna se realice con garantías. Por un lado, reconoce la importancia del documento de instrucciones previas que deberá incorporarse a la historia clínica y estar disponible en el Registro Estatal de Instrucciones Previas. Si se produce alguna discrepancia entre el paciente, o su representante, y los profesionales sanitarios, la ley reconoce el derecho del paciente a dirigirse a un comité de ética asistencial "que procurará asesorar y proponer alternativas o solucione éticas".
 
Abrir el debate de la eutanasia

Ya en la exposición de motivos, deja claro que esta norma "no está llamada a regular la eutanasia" para distanciarse de la reciente propuesta de Unidos Podemos, aunque no se cierra a abordarlo y acepta que "la sociedad española parece dispuesta a abrir el debate sobre la eutanasia". 

A este respecto se ha referido Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, que ha aclarado que esta propuesta trata "es una ley para una buena muerte". No obstante, asegura que "el PSOE sigue trabajando con los sectores profesionales y asociaciones ciudadanas sobre eutanasia". 

Esta misma opinión defiende Marisol Pérez, diputada por Badajoz del PSOE, ha señalado que "lo importante es dar seguridad a los pacientes". En su opinión, "para afrontar el debate de la eutanasia hay que hacerlo con rigor y sosiego" y que la propuesta de Unidos podemos "va mucho más allá" y plantea un debate "que aún no está maduro".