El
Ministerio de Igualdad ha abierto una negociación con las comunidades autónomas para establecer las ratios de profesionales sanitarios que deberán integrar los nuevos
centros de crisis de atención integral 24 horas para mujeres víctimas de
violencia sexual. El objetivo marcado por el Gobierno pasa porque haya, al menos, una
psicóloga especializada en esta materia en cada uno de los organismos que empezarán a operar en 2023, según ha podido saber
Redacción Médica.
Aunque la competencia en materia de recursos humanos radica en los gobiernos autonómicos, desde el equipo de trabajo de Irene Montero se han fijado como meta que en los centros de crisis “
siempre tiene que haber disponible una psicóloga” para poder ofrecer una atención completa a las mujeres que acudan. La hoja de ruta marca que habrá un centro de estas características por
cada provincia española.
El Ministerio de Igualdad ya planteó hace un mes la importancia de crear un
servicio de atención psicológica especializada en violencia machista dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) para que las víctimas puedan contar con un servicio continuado en el tiempo que no se circunscriba únicamente al momento posterior a la agresión. La propuesta venía recogida en un paquete de medidas presentadas en la
Mesa Sectorial de su ámbito para que se debatieran y se pusieran en marcha.
El Consejo de Ministros ha aprobado precisamente este martes una
transferencia económica de 177 millones de euros a las comunidades autónomas para que puedan poner en marcha políticas dirigidas a luchar contra todas las
formas de violencia machista, de los cuales 17 están adjudicados específicamente para la creación de los nuevos centros de crisis que ya venían recogidos en la
Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la del ‘solo sí es sí’.
Estos nuevos centros actuarán como
alojamientos de urgencia o de larga estancia para víctimas de violencia sexual y trata, tanto mayores como menores de edad. “A veces necesitan un alojamiento que puede prolongarse durante meses o años para asegurarse que pueden
salir de los contextos de prostitución”, ha explicado Montero durante la rueda de prensa posterior al encuentro del Gobierno.
Detección de violencia machista en el SNS
La ‘número dos’ de Unidas Podemos ha enfatizado en que esta medida permitirá mejorar la
detección precoz de los casos de violencia contra las mujeres, así como mejorar su atención integral o la reparación del daño causado por sus agresores. “Es una muy buena noticia que nuestro país
destine cada vez más fondos”, ha defendido.
Además de la financiación de los centros, también se desplegarán
140 millones para que las comunidades puedan acometer inversiones en el marco del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género que también se podrían dedicar a la contratación de perfiles sanitarios. “Necesitamos psicólogas especializadas, asesoras jurídicas, trabajadoras sociales, espacios sociales para la atención integral, alojamientos seguros”, ha insistido Montero.
Los otros 20 millones restantes corresponderán directamente a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género para proyectos de atención integral,
planes personalizados para las víctimas, programas de apoyo o medidas de
prevención de abusos sexuales para las menores tuteladas.
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