El largo camino que han recorrido las
víctimas de la talidomida para que el Estado reconozca su responsabilidad y la de la
farmacéutica Grünenthal parece estar llegando a su fin. Todavía quedan algunos pasos por dar, pero los dos comités creados por el Ministerio de Sanidad (uno científico y otro político) están trabajando a pleno rendimiento. El último avance se ha dado este jueves cuando los responsables del comité científico han determinado que el protocolo para valorar la condición de víctima de talidomida estará listo la próxima semana.
Según fuentes conocedoras de la reunión, el protocolo está casi terminado a falta de cerrar algunos flecos. Se trata de la herramienta que se trasladará a las comunidades autónomas para que hagan su primer censo de afectados y que después será centralizado por el Instituto de Salud Carlos III.
En este comité, que dirige la genetista y exconsejera de Sanidad de Murcia,
Encarna Guillén, también se acordó la posibilidad de pedir colaboración a los comités científicos ya establecidos en Brasil y Reino Unido y que ya tienen experiencia en el reconocimiento de las víctimas.
Comité político
El comité político, que se celebró en la tarde del jueves, inmediatamente después del técnico, decidió que el certificado que se emitiera como condición de víctima sería de carácter estatal y no autonómico, tal y como ha explicado a este medio
Rafael Basterrechea, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), presente en la reunión.
"No se habló nada de dinero ni de compensaciones", explica Basterrechea, que se muestra optimista ante la posibilidad de que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 incluyan una partida para resarcir el daño causado por Grünenthal. Las cuentas para el año que viene se presentan la próxima semana y, dado que todavía no hay recuento ni reconocimiento de víctimas, se hace muy difícil calcular la cuantía a abonar.
Así las cosas, Basterrecha considera que "habrá que esperar todavía un tiempo más" para que las víctimas vean compensado su daño. No obstante, se muestra satisfecho porque el Gobierno haya decidido por fin de reconocer el sufrimiento que padecen desde hace 60 años.
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