Las Elecciones Generales celebradas dibujan un escenario que hace mucho más probable un hipotético pacto que las del pasado 20 de diciembre. Las dos formaciones suman 169 escaños que se aproximan mucho a la mayoría absoluta (176), por lo que parece que esta vez Mariano Rajoy sí aceptará el encargo del Rey de someterse a la investidura y que las futuras políticas sanitarias estarán marcadas por un entendimiento entre los populares y la formación naranja.
Precisamente la sanidad se perfila como uno de los elementos clave en la negociación. Fuentes populares señalaron a Redacción Médica antes de las elecciones que el Ministerio de Sanidad podría ser uno de los que estarían dispuestos a ceder a Ciudadanos a cambio de su apoyo parlamentario. Este ministerio entraría en el capítulo de los que el PP considera renunciables, frente a otros como Interior o Defensa.
De producirse este hipotético gobierno de coalición de centro derecha y con la cartera de Sanidad en manos de Ciudadanos, dos políticos de este partido se postulan como futuros ministros. Daniel Álvarez Cabo, diputado de Ciudadanos portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid y Francisco Igea, portavoz de la Comisión de Sanidad en el congreso durante la legislatura más corta de la historia.
A pesar de la sintonía en muchos asuntos, una pacto entre el PP y Ciudadanos puede tener choques en la negociación sanitaria. Si bien en diciembre, los del partido naranja se presentaron a las elecciones con un programa más ambiguo y en el que dejaban algunos puntos abiertos, en estas se han presentado con una reducción de ese documento que añade algunos puntos, como por ejemplo la recuperación de la universalidad.
Además, Ciudadanos se ha mostrado a favor de incrementar el porcentaje del PIB para acercarlo, también, a un objetivo del 7 por ciento. Este punto puede chocar con la propuesta ‘popular’ que defiende que no hay que subir el porcentaje del PIB sino que hay que hacer que crezca toda la economía para que, a su vez, crezca la aportación a la sanidad.
En el documento presentado para el 26-J, Ciudadanos no recogía ninguna referencia a la privada. Sin embargo, dirigentes del partido han señalado que, en este caso, se aplica lo presentado para el 20-D, es decir: “Defendemos un sistema nacional de salud público, y reconocemos el papel que tienen en la sanidad en España las iniciativas privadas y el mutualismo”.
El programa para las elecciones de diciembre señala que “las empresas privadas tienen un papel en la sanidad española y ejercen su derecho a ofrecer servicios sanitarios con sus propios recursos y asumiendo íntegramente el riesgo de su negocio”. Además, en un acto de campaña, Albert Rivera señaló que tanto “lo público como lo concertado forman parte del Sistema público de la Sanidad”. Es decir, en lo que tiene que ver con sanidad privada parece que no existirían mayores problemas para el acuerdo, aunque las referencias a la universalidad y el aumento de la financiación sí podrían suponer un lastre.
Otro punto en el que chocan es el que tiene que ver con prescripción enfermera. Ciudadanos presentó una PNL en la pasada legislatura que fue aprobada en la Comisión de Sanidad con el voto favorable de todos los partidos salvo el PP. También incluyen la necesidad de derogar la norma como una de sus prioridades.
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