El observatorio de agresiones se queda a medias en la sanidad autonómica

Los datos registrados producto de las agresiones a los profesionales sanitarios no cesan, y lejos de mostrar una mejoraría todavía queda camino por recorrer. Este reflejo de la realidad se muestra cada año tanto en las cifras proporcionadas por las comunidades autónomas como en los informes impulsados por la Organización Médica Colegial (OMC) o los sindicatos. Recientemente, el Estudio Nacional de Agresiones a Médicas/os de 2025 de la OMC, reconoció que el año anterior fue cuando más actos violentos se registraron con 879. De este número, solo el 48,8 por ciento llega a denunciarse formalmente.

De hecho, las Administraciones han ido implementando, con el paso de los años, Observatorios de Agresiones en sus sistemas sanitarios, que les permita analizar este fenómeno y trabajar en medidas de protección, concienciación y sensibilización de la sociedad para disminuir las cifras y el número de afectados. Y aunque la mayoría ya lo tiene desarrollado y trabaja incluso en mejorar su Ley de Salud para blindar a los sanitarios legalmente como es el caso de Galicia, aún al menos el 40 por ciento de ellas no cuenta con este órgano. 

Sin observatorio, pero con prevención

Son siete las comunidades autónomas que, en la actualidad, no cuentan con un Observatorio de Agresiones. Este es el caso de Navarra, Cantabria, Canarias, Murcia, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y Extremadura, pero esto no significa que no trabajen en medidas de prevención y de concienciación con los profesionales para que denuncien esta lacra.

En Navarra, desde el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea trabajan en la prevención y registro de los actos de violencia. Apenas el 6 de marzo informaron que durante 2025 se notificaron un total de 775 agresiones a profesionales de la sanidad, frente a las 754 denunciadas el año anterior. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales es el encargado de animar a que se comunique de estos incidentes a través de la denuncia para activar el protocolo y el análisis de los factores asociados a estas situaciones de violencia. 

En tanto, en Cantabria, las últimas cifras muestran una mejora con 238 sanitarios que denunciaron agresiones durante el año anterior, es decir, un 13,14 por ciento menos que en 2024. Pese a que la región no cuenta con un observatorio de agresiones, el Servicio Cántabro de Salud insiste en concienciar sobre la importancia de denunciar estos hechos y en poner énfasis en las medidas para evitar estos actos -por ejemplo- con la instalación de cámaras de seguridad en los centros sanitarios.

Otra comunidad que todavía no implementa este órgano es Canarias. Esta es una de las principales demandas que mantienen los sindicatos como forma de adoptar medidas para evitar que el número de actos de violencia siga en aumento. Con lo que sí cuenta el Servicio Canario de la Salud es con el Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del SCS, cuyo objetivo es hacer frente a situaciones conflictivas en el ámbito de la prestación de la asistencia sanitaria. Además, tiene un convenio con el Consejo Canario de Colegios de Abogados, mediante el cual se presta asistencia jurídica especializada.

La Región de Murcia se encuentra en la misma situación. Si bien existe un Observatorio de Agresiones, la Administración no participa en él. Esta iniciativa está integrada por el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico, y no dispone de un registro de datos oficial sobre las agresiones.

Extremadura dispone de un registro de casos de agresión a profesionales del Sistema Sanitario Público y Centros Sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que se crea y se regula mediante el Decreto 19/2018, de 6 de febrero. Además, se han llevado a cabo diversas actuaciones, mejorando el sistema de registro de agresiones y adaptándolo al conjunto mínimo de datos que solicita el Ministerio de Sanidad. El gobierno autonómico ha señalado a este periódico que sí está en sus planes crear un observatorio en defensa de una posición de "tolerancia cero" a las agresiones sanitarias. 

En el caso de la Comunidad de Madrid tampoco cuentan con un observatorio como tal, pero existe una Comisión Central de Seguimiento creada con la Orden 370/2017, de 24 de abril, por la que se modifica la de 212/2004, de 4 de marzo, del Consejero de Sanidad y Consumo,
que establece las directrices y líneas generales para la elaboración de Planes de Prevención y Atención frente a potenciales situaciones conflictivas con los ciudadanos en los centros e Instituciones Sanitarias Públicas.

Por último, en la Comunidad Valenciana pese a que existe un Plan Integral de Prevención de las Agresiones en el Entorno Sanitario, no existe un Observatorio de Agresiones. La Conselleria de Sanidad trabaja en el proceso de modificación de la Ley de Salud de 2014 para endurecer las sanciones administrativas a este tipo de agresiones.  

Algunas medidas similares

Dos autonomías tienen medidas implantadas recientemente. Aragón y Baleares disponen de una Unidad de Referencia y un sistema de notificación, respectivamente, para atender y registrar los actos violentos que se presentan tanto en centros de salud como en hospitales.

En el caso de Aragón, el Servicio Aragonés de Salud creó este mismo marzo una Unidad de Referencia destinada precisamente a la atención de los profesionales que sufren una agresión en sus centros de trabajo. A esta iniciativa se ha incorporado a un psicólogo que será el responsable de atender, además de informar sobre esta materia.

En las Islas, los primeros días de este mes el Servicio de Salud firmó un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares y el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros para desarrollar actuaciones de asesoramiento, acompañamiento, concienciación y canalización institucional en los casos de agresiones a profesionales. Con este acuerdo se establece la creación de la figura de un responsable designado en cada centro sanitario que facilite la formalización de la denuncia de la forma más ágil y cómoda posible para la víctima, para que ninguna agresión quede sin registrar ni denunciar. Esta medida se suma al sistema de Notificació i Registre d’Agressions (NIRA), para la notificación y registro de agresiones a los profesionales del sistema público. 

Observatorios desarrollados y recopilación de datos

El escenario es otro en comunidades como Galicia, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Vasco y La Rioja, en donde los observatorios no solo están creados y regulados, sino que se reúnen periódicamente para la evaluación de datos y medidas que ayuden a mejorar la situación.

Probablemente Galicia es de las regiones más avanzadas en este ámbito, tras la aprobación de la modificación de la Ley de Salud de Galicia por la que se establecen medidas de prevención de las agresiones a sanitarios. Esta iniciativa incluye en la protección a todo el personal de este ámbito y añade una tipificación a las sanciones como leves, graves o muy graves, así como individualiza conductas para que sean firmes, tal como se explicó en el Parlamento.

En Castilla-La Mancha, el Observatorio de la Violencia para la prevención de agresiones al personal sanitario del Sescam se constituyó a finales de 2017. En su última reunión, en febrero pasado, se abordó -según informó el Gobierno manchego- la contratación de la figura del Director de Seguridad, una medida pionera en el Sistema Nacional de Salud alineada con los estándares del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Será precisamente ese profesional el que asesore en materia técnica de seguridad para la protección de los profesionales. Otro punto que está sobre la mesa es la tramitación jurídica para reforzar la consideración de los profesionales sanitarios como autoridad pública.

Castilla y León también tiene en Sacyl a uno de los servicios pioneros en contar con este órgano. Fue en octubre de 2014 cuando se crea y regula, y se integra la Sección de Agresiones al personal de centros sanitarios con el objetivo de conocer, analizar y evaluar la situación de riesgo de agresiones a los profesionales; así como proponer actuaciones de prevención e intervención para mejorar la relación entre los sanitarios y los usuarios. Según los últimos datos publicados, en julio de 2025, el Observatorio registró un aumento del 30 por ciento de agresiones, el 83 por ciento de ese número, en mujeres. En números concretos, 1.062 agresiones en 914 incidentes, con 101 en donde hubo más de un trabajador agredido.

El Servicio Riojano de Salud (Seris), en La Rioja, es otro de los que sí tiene y coordina el Observatorio Riojano para la Prevención de Agresiones a los profesionales sanitarios. De hecho lo hace desde marzo de 2011 con el objetivo de proteger a los profesionales de determinadas situaciones violentas y ofrecerles la asistencia médica, psicológica y jurídica necesaria, así como las herramientas oportunas para prevenir y controlar estas situaciones.

La constitución oficial del Observatorio en País Vasco se hizo en marzo de 2016 y desde hace 10 años opera en Osakidetza. Los últimos datos reportados señalan que un total de 1.047 profesionales sanitarios fueron agredidos en 2015, ya sea de forma verbal o física, mientras ejercían sus labores. Aunque se trata de un número elevado, representa una disminución a comparación del año anterior en un 11 por ciento. Osakidetza atribuye eso a la mejora en los protocolos y a una mayor concienciación en torno a esta lacra.

En mayo de 2022, el Gover de la Generalitat de Cataluña aprobó la creación del Observatori para situaciones de violencia en el ámbito sanitario, un organismo del Departamento de Salud que coordina, analiza y promueve acciones para prevenir y gestionar las situaciones de violencia hacia los sanitarios. Su finalidad es incrementar el conocimiento sobre este tipo de actos violentos y favorecer la toma de decisiones, planificación y evaluación de las políticas públicas de seguridad y salud del personal de los centros y servicios sanitarios, garantizando entornos seguro y respetuosos.

En el Principado de Asturias la constitución del Observatorio de Agresiones a Profesionales Sanitarios es de las más recientes. En abril de 2025 el Gobierno decidió que será este órgano colegiado de carácter consultivo y de participación el que se encargue de analizar, evaluar y prevenir las situaciones de violencia que se registren en los centros de la red pública.

Y, por último, en Andalucía, la creación y regulación de la composición y funcionamiento del Observatorio de Agresiones a los Profesionales en el SAS se aprobó en septiembre de 2025, como instrumento para analizar el fenómeno de la violencia física y verbal y su evolución en estos entornos. Ese mismo año, el SAS presentó datos que reflejaban el aumento de un 19 por ciento de los actos violentos a comparación con 2023.