La
sanidad penitenciaria española está lejos de su mejor época. Atrás quedaron aquellos momentos en los que se erguía como un "referente" e instituciones como la
Organización Mundial de la Salud (OMS) reconocían su relevancia. Ahora, la situación es “triste y penosa” y exige un relevo generacional. El primer paso para ello es el
traspaso de competencias a las comunidades autónomas, siguiendo una normativa de 2003, que solo se cumple en Navarra, País Vasco y Cataluña.
Redacción Médica habla con dos facultativos, uno de una de esas regiones y otro que ejerce en Andalucía, para conocer las diferencias que se da en el trabajo y ejercicio médico diario.
"No es que vayamos a solucionar los problemas por la integración, pues son estructurales y muchos más amplios, pero no hay otra fórmula actualmente para la de que tengamos todos el mismo problema", asegura
José Joaquín Antón Basanta, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria que ejerce en la
prisión de Albolote (Granada). Las diferencias con sus compañeros vascos, navarros o catalanes las sintetiza en tres cuestiones, aunque asegura que el trabajo diario es el mismo.
La primera de ellas se centra en las
condiciones laborales: "Ellos están en las
mismas condiciones que el resto de médicos del sistema de salud y, por tanto, el acceso a la prisión es mucho más fácil. Van a cobrar lo mismo o incluso más porque en Cataluña tiene un plus al entrar", explica. Además, las guardias las cobran igual que sus compañeros que ejercen fuera y cuentan con carrera profesional. De esta manera, investigar, publicar artículos y hacer comunicaciones en congresos se reconoce y se refleja en el salario. "Puedo hacer todas las comunicaciones de todos los artículos que quiera que voy a cobrar lo mismo", asegura.
"La gran diferencia está en los recursos", resume Antón Basanta, quien preside la
Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP). Si están transferidas se sufre la falta al igual que en cualquier otro centro de salud en las mismas condiciones, tal y como afirma, y conlleva cuestiones como que las bajas estén cubiertas con sustitutos.
Antón Basanta: "No vamos a solucionar los problemas de la sanidad penitenciaria con la integración, pero no hay otra fórmula para que todos tengamos el mismo problema"
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Asier López de Arkaute, médico en el Centro Penitenciario de Álava, trabaja en una de las tres comunidades autónomas en las que estos profesionales están integrados en los correspondientes servicios autonómicos de salud, una situación que, contrapuesta con la de sus colegas de otros territorios, evidencia las desigualdades que se dan en la atención sanitaria en prisiones.
"En nuestro centro somos siete médicos, y
atendemos alrededor de 800 internos. Además, tenemos un centro de salud mental, con psiquiatras más allá de los siete médicos", explica López de Arkaute, que asegura a este periódico que, en su caso, el
equipo de profesionales puede asumir sin problemas las necesidades del centro. "Tenemos capacidad para pasar consultas diarias; nos repartimos las guardias de 24 horas, cuando nos ocupamos de ver urgencias en los módulos donde no se pasa consulta, o atender urgencias graves. Incluso hay días que dedicamos la jornada a realizar informes", ejemplifica el médico.
Una situación que el mismo describe como muy lejana a la del resto de comunidades autónomas en las que los médicos no están integrados en su sistema de salud correspondientes. "El otro día hablaba con un compañero que trabaja en un centro penitenciario en Mallorca. Allí
son dos médicos para 1.300 internos; es fácil ver las diferencias con nuestra situación", puntualiza. Además, habla sobre la diferencia de sueldos entre territorios, al igual que su compañero que ejerce en Andalucía. "Más o menos, en estas tres comunidades cobramos el doble la hora de guardia que el resto de médicos penitenciarios. Y además su sueldo base es muy bajo", remarca.
Proveer salud VS proveer tratamiento penitenciario
Otra de las diferencias reside en el fin de la gerencia de la sanidad penitenciaria.
José Joaquín Antón Basanta recuerda que el cometido de este colectivo es "proveer salud". "No es lo mismo hacerlo desde una organización cuya función principal es ese, como puede ser en el
Sistema Andaluz de Salud, que hacerlo desde la
Secretaría de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, cuyo objeto es proveer seguridad y tratamiento penitenciario, pero no salud", detalla.
Por ello, el último punto a destacar por el médico andaluz es que, en las comunidades transferidas,
comparten la misma historia clínica antes, durante y después de salir de prisión. Es decir, el sistema de información es el mismo. Esto permite que haya "cierta continuidad", pues cuando alguien entra en prisión se conocen los datos anteriores de tratamientos, así como el historial. Cuando queda en libertad, quedan reflejados los episodios y problemas de salud que ha tenido.
Así lo corrobora López de Arkaute, que pone de manifiesto que en su caso, al estar conectados con
Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud,
tienen más herramientas para garantizar la atención y seguridad de sus pacientes. "Cuando ingresa un interno, si es de Irún, de Bilbao, de Mondragón… tengo acceso a su historia clínica. Puedo ver qué ha escrito su médico de Familia, qué tratamiento toma… y esto es de mucha ayuda, si no dependes de lo que te diga el interno", comenta el médico.
López de Arkaute: "Un paciente que está interno en una cárcel de Castilla-La Mancha va a tener un trato distinto a uno que esté en País Vasco. Y todos tenemos derecho al mismo trato"
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Esto ayuda, como se mencionaba, a
incrementar la seguridad de los pacientes. Como apunta este médico penitenciario, en los centros tratan con "pacientes problemáticos" en el sentido de que muchos de ellos
tienen adicciones a sustancias. "Si no puedo asegurar cuál es su tratamiento, a lo mejor mienten y piden más de la cuenta. Si les creo, les vamos a sobremedicar, y si no, hay peligro de que no reciban una medicación y se pone en riesgo su salud", señala.
Situación actual de la sanidad penitenciaria en España
Antón Basanta define la situación actual de este colectivo médico como "triste y penosa" y asegura que
no hay "conciencia" dentro de la sociedad de la relevancia de este tipo de sanidad. Además, tampoco es optimista sobre el traspaso de competencias ni considera que haya avances. "Estamos hablando de 21 años, que fue cuando se aprobó la ley. Llevo todo este tiempo oyendo que pronto habrá avances y que se está en negociaciones. No hay realmente interés, pero ocurrirá porque no les va a quedar otro remedio", augura.
El propio Gobierno aseguró en una respuesta parlamentaria en marzo que el
secretario general de Instituciones Penitenciarias ha solicitado una reunión con todas las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas para retomar dicho traspaso de funciones. Desde la
Organización Médica Colegial (OMC) aseveran que e
l incumplimiento de la ley está provocando una pérdida continua de profesionales, generando un grave problema de asistencia a la población reclusa.
"Simplemente,
hablamos de una cuestión de equidad. Un paciente que está interno en una cárcel de Castilla-La Mancha va a tener un trato distinto a uno que esté en País Vasco. Y todos tenemos derecho a tener el mismo trato", resume López de Arkaute, quien además es portavoz de la SESP .
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