El
Instituto de Salud Carlos III ha recibido el visto bueno de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a las
cuentas anuales de 2015, aunque con ciertas "salvedades". Así se desprende del informe
publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con las anotaciones financieras de la organización sanitaria.
En opinión de los interventores, salvo ciertas salvedades, las "cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Instituto de Salud Carlos III a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado".
Ya en 2014, con las cuentas del ejercicio anterior en la mano, los auditores alertaban del saldo negativo de 74,3 millones de euros del remanente de tesorería, una cifra que en 2013 era de -31,8 millones, una evolución que
hacía "dudar de la capacidad del organismo" para hacer frente "al cumplimiento de las obligaciones a reconocer en el ejercicio de 2014".
Las salvedades mencionadas se refieren, en primer lugar, a una diferencia que supera los
2 millones de euros de contraste entre la relación de deudores facilitada por Contabilidad que justifica el saldo contable, y la relación de deudores del subsistema de facturación de la aplicación IFMS. Esta limitación al alcance de la parte de deudores presupuestarios y comerciales "se fundamenta en las debilidades de control interno observadas.
Desde la IGAE señalan también que el Carlos III "
no dispone de los elementos adecuados de control interno que integren de forma fiable en la contabilidad de recursos afectados la información de las fistintas fuentes que permita verificar los gastos efectivamente aplicados". Por este motivo "no se han podido aplicar los procedimientos de auditoría previstos".
Facturas no contabilizadas
Otra de las salvedades que reseñan los interventores hace referencia a los derechos reconocidos durante el año 2015 del epígrafe "prestaciones de servicios", una cantidad que refleja
629.972 euros menos de los reales debido a "facturas no contabilizadas".
Además de devoluciones de ayudas o subvenciones por valor de casi 7 millones, la IGAE también resalta que los ingresos por "transferencias" de unos 9 millones de euros deberían figurar en otras cuentas y no en las que lo hacen.
Por último, no aparecen contabilizados los gastos devengados en 2015 por importe de 888.737 euros a fecha de cierre del ejercicio, "por lo que el resultado económico-patrimonial está sobrevalorado en dicho importe".
Procedimiento diferente
La organización interventora también señala, en el apartado de "párrafos de otras cuestiones" que hay importes el IVA soportado o repercutido que no aparecen reflejados, aunque estos indicadores "no afectan a la representatividad de las cuentas.
En ese mismo apartado explican también que las
bajas de los bienes de inmovilizado no se hacen siguiendo el procedimiento de inventario colgado en la web del iInstituto, y "solo el 7 por ciento de las bajas analizadas en la muestra está justificado adecuadamente".
Pese a todas las salvedades expuestas, la IGAE afirma que las cuentas anuales del Instituto merecen
su opinión favorable.
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