El consejero de Sanidad de
Galicia,
Jesús Vázquez Almuiña, ha comparecido ante los medios de comunicación durante la celebración del
Consejo Interterritorial para confirmar que se ha
aprobado el punto relativo al tratamiento de la
hepatitis C. El titular sanitario ha comentado que "se tratará a los pacientes de menos gravedad y se mantiene el plan hasta
2020", fecha en la que el objetivo es que el tratamiento haya llegado a todos los pacientes.
Almuiña no ha querido entrar a opinar sobre la reclamación de un
presupuesto específico de 200 millones para la compra de este fármaco innovador, tal y como han demandado los consejeros
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El Consejo Interterritorial corrobora el compromiso que hizo la ministra en diciembre de ampliar el plan de hepatitis C hasta 2020
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socialistas, sino que ha apostado por un
modelo de financiación que englobe a todo el sistema sanitario público. "Debemos tener un plan para todos estos tratamientos y para nuevas tecnologías", ha aseverado el titular de la Xunta, que ha puesto sobre la mesa la necesidad de un plan estatal.
El consejero gallego ha sumado en su exposición la necesidad de un Consejo Interterritorial capaz de tomar "decisiones importantes, como las relativas al plan de hepatitis C o los calendarios vacunales". En este sentido, Almuiña ha comentado que se deben tener en cuenta las
particularidades y necesidades de cada región, con el fin de llegar a consensos el Interterritorial. "La coordinación entre todos mejora los resultados", ha sentenciado.
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ya había anunciado en el
Congreso de los Diputados su intención de
extender el plan hasta 2020 y dotarlo de 200 millones para 2017 con el objetivo de llegar a todos los pacientes. No obstante, está por ver en qué queda este compromiso ya que no se incluye en los
Presupuestos Generales del Estado para este año, cuestión que ha sido criticada por varios consejeros y por miembros de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C antes de comenzar la reunión.
Tras reunirse con los consejeros, la ministra ha confirmado que no habrá ningún mecanismo para abonar esa cuantía: "Los 200 millones es el coste que tienen, pero quien tiene que pagarlo son las comunidades autónomas". Según confirmaron un poco después las directoras generales de Farmacia y Salud Pública del Ministerio de Sanidad, se estima que actualmente hay unos 60.000 pacientes en Fase 0 y Fase 1 y que el coste tratar a una persona es de 10.000 euros. Es decir, según estos cálculos, hasta 2020 deberían desembolsarse unos 600 millones de euros.
Financiación insuficiente
A pesar del acuerdo entre autonomías y ministerio, los consejeros socialistas han mantenido su crítica por la falta de financiación. El consejero de
Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, ha dicho que "sin la financiación y sin su coordinación no será posible" llegar al compromiso de tratar a todos los pacientes para 2020.
"No puede ser que uno invite y otros paguen", ha criticado Fernández en alusión a la tradicional crítica de que es el ministerio quien indica la estrategia mientras que las comunidades pagan.
Otra de las críticas recurrentes es el de la falta de negociación con la industria, algo que ha destacado la consejera de Salud de Andalucía, Marina Álvarez, que
ha calificado los precios de "abusivos". El consejero de Castilla-La Mancha ha criticado que no todas las comunidades autónomas están representadas en la mesa de negociación.
Los datos del ministerio no cuadran con lo que plantean los socialistas que se han referido a
la estimación que ha realizado Navarra sobre lo que
costaría el tratamiento a todos los pacientes en España y que situaba en 2.500 millones la cuantía total. En base a estos datos, la consejera de Andalucía ha dicho que "podría ser superior a los 30.000 y estaríamos hablando de más de 500 millones de euros".
Las críticas también han llegado desde filas del Partido Popular. Para Antonio Sáez Aguado, consejero de Sanidad de Castilla y León, "es importante que se haya aprobado la extensión del plan". No obstante, insiste en la crítica que ya hizo el pasado año cuando criticó que se computara como déficit: "Hemos reclamado esa financiación o a través del Fondo de Cohesión o con acuerdos para que no compute como déficit".
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