El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Sanidad, está trabajando en definir cuál es el marco normativo más adecuado para las posibles indemnizaciones y pensiones vitalicias que estudia el Gobierno para los afectados por la talidomida.
Así lo ha reconocido el vicepresidente de la asociación de afectados Avite, Rafael Basterrechea, tras la reunión mantenida este martes con la directora general de este organismo, Carmen Balfagón, con el objetivo de consensuar la figura normativa más acertada para que, una vez que se acuerde la cuantía de dichas compensaciones, los afectados las reciban lo antes posible.
La asociación reclama unas ayudas "similares a las que los afectados de otros países ya han recibido", que pasarían por unas indemnizaciones de entre 200.000 y 700.000 euros y una pensión vitalicia de entre 600 y 6.000 euros en función del grado de discapacidad de cada afectado.
En la reunión no han entrado a valorar si el importe de las mismas correrá a cargo del Ejecutivo o una parte se reclamará al laboratorio fabricante del fármaco, la compañía alemana Grünenthal, con la que el Ministerio de Sanidad ya podría haber iniciado contactos al respecto, según Avite.
"En eso no hemos entrado, porque lo que queremos es que las compensaciones estén cuanto antes, y sabemos que no es un tema fácil porque en España no se ha hecho nunca", ha reconocido Basterrechea.
El vicepresidente de Avite ha reconocido que esta primera reunión ha sido una "primera toma de contacto muy agradable" y que la responsable del Imserso les ha emplazado a un nuevo encuentro la próxima semana o la siguiente en el que les podrían presentar ya un primer borrador que dé forma a tales ayudas.
Retrasos en la evaluación de casos
Por otro lado, tras el encuentro la asociación ha criticado que las comunidades autónomas con más afectados aún no han comenzado la evaluación de casos después de que el Instituto de Salud Carlos III haya habilitado un portal para solicitarlo.
Hasta el momento, según los datos facilitados la semana pasada por el Ministerio de Sanidad, se han recibido unas 150 solicitudes de afectados y, tras remitir la documentación, las unidades diagnósticas de cada comunidad autónoma son las encargadas de fijar una cita para definir si la persona realmente resultó afectada por este fármaco utilizado en los años 50 y 60 para las náuseas durante el embarazo y que, posteriormente, se comprobó que causaba graves malformaciones fetales.
Pero mientras que algunas comunidades como Aragón ya ha completado la revisión de todas las solicitudes recibidas y País Vasco y Baleares están ya inmersos en ese proceso, el vicepresidente de Avite critica que otras como Andalucía, Madrid o Cataluña "aún no han citado a nadie pese a ser las que tienen más afectados".
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