El Gobierno ha puesto en marcha la maquinaria burocrática para
resucitar el
Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) y el
Fondo de Cohesión Sanitaria y que puedan servir al fin para el que fueron fundados: cubrir la
atención sanitaria que presten las comunidades autónomas a pacientes de otras regiones.
Concretamente, ha puesto en
audiencia pública el proyecto de real decreto que regulará el FOGA y modificará el RD 1207/2006, por el que se regula la gestión del fondo de cohesión sanitaria.
Según el documento de Sanidad, el objetivo es “poder establecer los criterios y procedimientos para la adecuada gestión y distribución” del FOGA, además de adaptar el Fondo de Cohesión al RDL 16/2012, con el que el Gobierno de
Mariano Rajoy reformó la prestación sanitaria en España en el inicio de su primera legislatura.
El documento advierte de que la no publicación de la iniciativa legislativa podría implicar “la pérdida de garantías en el acceso a los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) en todo el territorio nacional en igualdad de condiciones, así como la no continuidad de la compensación a través del Fondo de Cohesión y del FOGA” de la asistencia sanitaria interautonómica.
Naturaleza extrapresupuestaria
Sin embargo, el proyecto de real decreto reitera en la naturaleza extrapresupuestaria de estos fondos. Y ello a pesar de que, en el
pacto de investidura suscrito por Partido Popular y Ciudadanos en verano de 2016, ambas formaciones se comprometieron a ir dotando al menos al de Cohesión con 100 millones de euros al año hasta 2020.
Por lo pronto, nada de esto se ha concretado. De hecho, en los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 se dotó con solo 4 millones de euros a esta herramienta de financiación.
Infrafinanciación
Uno de los políticos más beligerantes con esta situación es
José Martínez Olmos, senador del PSOE y portavoz socialista de Sanidad en el Senado. De hecho, vetó los PGE en la Cámara Alta acusando al Partido Popular de
infrafinanciar los fondos con una partida “absolutamente insuficiente para responder a lo que son las necesidades que tiene el SNS en lo que tiene relación con las competencias del Ministerio de Sanidad”.
Con todo, la carencia presupuestaria no implica que no se hayan seguido desarrollando estos fondos. De hecho, en septiembre, el Ministerio de Sanidad
publicó un proyecto de orden para cubrir 13 procesos y procedimientos sanitarios más con ellos, aunque todavía no ha sido aprobada.
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