El Gobierno ha apostado finalmente por excluir a los
colegios profesionales de la lista de entidades que serán consideradas como
lobbies en el marco de la nueva Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, lo que afectará directamente a los organismos de representación de médicos, enfermeros, farmacéuticos o psicólogos. Sin embargo esta decisión acordada en el Consejo de Ministros no se aplicará a las
fundaciones que dependen directamente de estas organizaciones y que se suelen encargar de otras actividades paralelas.
El
texto normativo de la nueva ley ha aclarado que sí que podrán tener esa calificación las “entidades o fundaciones creadas o financiadas” por partidos políticos, sindicatos y organizaciones. “
No están al amparo de las atribuciones constitucionales de quienes las auspician”, ha justificado el Ejecutivo en la hoja de referencias de la reunión del Consejo de Ministros.
Las fundaciones de los colegios profesionales podrían verse obligadas de esta manera a formar parte del futuro
Registro de Grupos de Interés que dependerá de la Secretaría de Estado de Función Pública. En esta herramienta aparecerán todas aquellas organizaciones privadas o no gubernamentales que tengan como objetivo
“intervenir en la elaboración de leyes o reglamentos emanados de la Administración General del Estado para lograr un beneficio para sus propios intereses o los de terceros”.
Las obligaciones de un lobby en España
Una de las claves que plantea la normativa es que los
miembros de los grupos de interés tendrán que registrarse para poder mantener reuniones con la clase política. Mientras que la incidencia de estas citas quedará reflejada en una
Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) en la que se plasmará cualquier cambio introducido en las leyes. Las identidades de todos los que formen parte de un encuentro de este tipo
quedarán por escrito.
“El Registro, que será íntegramente electrónico y público,
garantizará la transparencia y la integridad de las actividades que desarrollen estos grupos con aquellos a los que pretendan influir”, ha planteado el Gobierno.
Además, los altos cargos políticos tendrán una lim
itación de dos años para realizar “actividades profesionales de influencia” sobre las materias relacionadas con el puesto que desempeña, lo que abarcará también a los respectivos lobbies que quedarán vetados durante ese tiempo como medida para evitar las puertas giratorias. Es decir, dirigentes que han formado parte del
Ministerio de Sanidad no podrán incorporarse previsiblemente a fundaciones sanitarias hasta superado ese tiempo.
En todo caso, el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros pasará ahora por un
proceso de información pública en el que podrá recibir nuevas propuestas de mejora por parte de los grupos afectados. En la anterior fase de consulta ya se puso sobre la posibilidad de excluir a los colegios profesionales como finalmente ha ocurrido. En última instancia, la ley deberá ser validada por la mayoría de los partidos políticos en el
Congreso de los Diputados.
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