El gobierno Central recurrirá ante el
Constitucional la convocatoria de
1.483 plazas sanitarias convocadas por el Gobierno de Aragón, alegando que estas "plazas no computan para el cálculo de la oferta de empleo público, de acuerdo con la tasa de reposición establecida por el Estado en los Presupuestos Generales del Estado".
De este modo, el Gobierno se opone a la ley que aprobó el gobierno de Javier Lambán con la que pretendía dar "estabilidad" a la plantilla del Servicio Aragonés de Salud, consolidando "plazas ya existentes de carácter estructural ocupadas por personal interino"explicado Celaya. De esta manera, se va solucionar
"un problema muy importante", como es el de "la estabilidad laboral de personal sanitario", afirmaba el consejero de sanidad aragonés, Sebastián Celaya.
Según el Gobierno, esta decisión se trata de una extralimitación competencial, ya que habilita al Gobierno de Aragón para la convocatoria de 1.483 plazas que no computan para el cálculo de la oferta de empleo público, de acuerdo con la tasa de reposición establecida por el Estado en los Presupuestos Generales del Estado.
La Ley asume expresamente que la oferta de plazas no se fundamenta en la tasa de reposición ordinaria.
Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Aragón no ha aceptado la apertura del procedimiento del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que supondría la reunión de la
Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la Comunidad Autónoma para iniciar negociaciones con el fin de resolver las discrepancias.
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