El
Consejo de Ministros ha autorizado un incremento del
límite de gasto financiero de Sanidad para poder afrontar el desembolso necesario para formalizar las
encuestas ciudadanas especializadas en salud. En total, se invertirán más de 1,8 millones de euros para poder conocer la opinión de la población sobre los aspectos más relevantes de la gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La nueva inyección económica solicitada por la Secretaría General de Salud Digital permitirá la tramitación de un contrato con el
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), así como un convenio con el
Instituto Nacional de Estadística (INE), los dos centros públicos que se encargan de la gestión de datos demoscópicos en España.
La primara partida permitirá financiar la elaboración del
barómetro sanitario en2023. Este sondeo que elabora cada año el CIS cuenta con tres fases de encuestas que tienen un gasto aproximado conjunto de
270.000 euros. “Es conveniente su tramitación anticipada con la finalidad de mejorar el proceso puesto que esta operación estadística se desarrolla en
tres oleadas sucesivas de entrevistas telefónicas a lo largo del ejercicio, permitiendo realizar la primera de ellas en el primer cuatrimestre”, ha expuesto el Gobierno.
El barómetro sanitario se ha convertido en una herramienta clave para conocer la opinión de la ciudadanía sobre el sistema sanitario. Incluye un amplio número de preguntas que van desde
la valoración de cada una de las áreas de atención, hasta el copago sanitario, las consultas telefónicas o el papel del Covid-19.
La Encuesta Nacional de Salud
La otra parte de la partida de gasto se dedicará a para realizar la
Encuesta Nacional de Salud del INE, una consulta recurrente que se formaliza periódicamente desde el año 1987. A este sondeo se ha sumado también las preguntas relativas a la
Encuesta de Salud Europea que desde 2009 se intercala con la anterior.
Las estimaciones de gasto para estos dos grandes sondeos son de un desembolso de
1.580.000 euros ya para la partida de 2023, así como otros 380.000 para aplicar a partir del año 2024. Además de la consulta, los costes incluyen también la recogida de datos sobre el
“control de calidad” de la encuesta que se imputará en la partida de ‘Estudios y trabajos técnicos’, según ha explicado el Gobierno en las referencias del último Consejo de Ministros.
El último gran sondeo publicado de estas características data del año 2017, antes del estallido de la pandemia, y recoge información clave sobre el estado de salud de la ciudadanía, desglosada por comunidades autónomas.
Enfermedades crónicas, salud mental, accidentes, limitación de movilidad o incapacidades son algunas de las claves sobre las que contestan los participantes. Mientras que en el plano sanitario, se abordan las
consultas, hospitalizaciones, urgencias o el consumo de medicamentos.
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