El
Gobierno ha informado este viernes de que en los próximos días
enviará a Bruselas el Plan Presupuestario y de Acción Efectiva, un informe que también supone una
prórroga de los presupuestos sanitarios que se están ejecutando durante 2016. Se trata de la única opción que le queda al Ejecutivo antes de agotar el plazo, puesto que un Gobierno en funciones no puede enviar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
De este modo,
no habrá cambios de política sanitaria, y se continuará con el presupuesto y medidas adoptadas en 2016, "previa advertencia de que será el nuevo Gobierno, en su caso, el que tenga que aprobar los Presupuestos y llevar a cabo los cumplimientos correspondientes al año 2017", según ha anunciado hoy el Gobierno.
El informe de Acción Efectiva recoge todas las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento del 4,6 por ciento de déficit en 2016, destacando las llevadas a cabo por las comunidades autónomas en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. También figura el
cierre del ejercicio presupuestario adoptado en julio y el real Decreto Ley que contempla los pagos fraccionados en el
Impuesto de Sociedades, pendiente aún de convalidación en el Congreso de los Diputados.
Este Impuesto de Sociedades aprobado afectará a las empresas sanitarias que
facturen más de 10 millones de euros, y será del 23 por ciento, según anunciaba la vicepresidenta del Gobierno en funciones el pasado 30 de septiembre.
Trabajando sobre la temporalidad
En el documento que se enviará a Bruselas, el Ejecutivo también recoge que está preparando la
transposición de las Directivas de la Unión Europea sobre contratación pública, en las que se ha criticado a España por
abusar de la temporalidad en el empleo sanitario.
En este sentido, la propia ministra en funciones de Sanidad,
Fátima Báñez, afirmó que el Gobierno ya trabajaba antes de la sentencia europea
en contra de encadenar contratos, y esta misma semana ha anunciado que
convocará un Consejo Interterritorial de Salud para abordar el asunto.
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