Las denuncias de corrupción en sanidad tienen nuevo refuerzo del Gobierno

El Gobierno de España da un paso más para poner coto a la corrupción y se apoya también en los sanitarios. Tres años después de entrar en vigor la Ley Reguladora de la Protección de los Informantes para blindar las denuncias anónimas de casos de corrupción y adecuarse a la normativa europea, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha nombrado los miembros de la Comisión Consultiva de Protección del Informante.

Los profesionales sanitarios pueden informar desde su aprobación de manera anónima sobre casos de corrupción que hayan detectado en su entorno de trabajo sin temor a sufrir represalias por parte de sus superiores a esta Comisión, que recogerá denuncias sin dar a conocer ninguna información que permita identificar al denunciante.

En total, la Comisión Consultiva de Protección del Informante estará conformada por trece miembros, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en representación de instituciones que se dedican a investigar casos de corrupción y también juristas de reconocida competencia.

Miembros de la Comisión

Los miembros de la Comisión Consultiva de Protección del Informante son:

• Joan Mauri Majós, consejero del Departamento Segundo de las Actuaciones de Carácter Económico y de Carácter General del Tribunal de Cuentas, en representación del Tribunal de Cuentas.
• Gonzalo Gómez de Villalobos, subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, en representación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
• María Luisa Araujo Chamorro, presidenta, en representación de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
• Diego Pérez Martínez, director de la División Jurídico Institucional, en representación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, A.A.I.
• Francisco Javier Priego Pérez, secretario general del Banco de España y presidente del Comité Responsable del Sistema Interno de Información del Banco de España, en representación del Banco de España.
• Regina Rodríguez-Pomar Camps, directora del Departamento de Protección al Inversor Minorista y Educación Financiera, en representación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
• Miguel Bordiu García-Ovies, secretario del Consejo, en representación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
• Elena Marina Rodríguez Ramalle, directora General de lo Consultivo, en representación de la Abogacía General del Estado.
• Enrique Rubio Herrera, director de la Oficina Nacional de Auditoría, en representación de la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado.
• María del Carmen Bernardo Gómez, directora del Servicio de Auditoría Interna, en representación del Ministerio de Hacienda, perteneciente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
• Ana María Garrocho Salcedo, profesora titular de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid, como representante designada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional.
• Óscar Muñoz Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, como representante designado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional.
• Itziar González Virós, como representante de las personas informantes a nivel nacional de entre las asociaciones más representativas.

Por su parte, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción también tiene otras implicaciones en el ámbito sanitario. Según algunos expertos en Derecho y Protección de Datos, esta normativa añadió más obligaciones de las que ya tiene la industria farmacéutica y más carga regulatoria.