El Gobierno deja entreabierta la puerta para seguir avanzando hacia la
jubilación anticipada en sanidad. Desde el
Ministerio de Seguridad Social apelan a que el Ejecutivo, al estar en funciones, se encuentra ‘maniatado’ y sin capacidad real para atender las demandas de médicos y enfermeros, que piden el reconocimiento de sus
condiciones de ‘penosidad’ laboral para poder retirarse a los 60 años con el
100 por cien de la pensión. “En estos momentos, por las circunstancias actuales, está pausado”, sentencian las fuentes consultadas por
Redacción Médica.
Los colectivos de profesionales sanitarios han redoblado en las últimas semanas su presión sobre el Ejecutivo central para que revise los
coeficientes reductores aplicables para la jubilación anticipada. Dada la inactividad en el Congreso de los Diputados por la ‘interinidad’ del Gobierno, esta reivindicación ha llegado a Moncloa a través de una
pregunta escrita de 45.000 enfermeras (remitida por el
Partido Popular) sobre las previsiones del Ministerio de Seguridad Social al respecto, así como las medidas que se tienen previsto impulsar el
retiro a los 60 años sin merma económica.
“¿Se impulsarán dichas medidas antes de 2023?
De no ser así, ¿por qué razones?” interpelan las enfermeras al Ejecutivo central en su escrito.
"Las medidas se encuentran en estos momentos en pausa al hallarse el Gobierno en funciones", concluyen desde el Gobierno
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Esta misma inquietud la comparte, en cualquier caso, el grueso de las plantillas de sanidad españolas. Este miércoles, alrededor de un centenar de representantes de
la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se concentró ante la sede del Ministerio de Sanidad para exigirle que active los mecanismos para facilitar un retiro anticipado en el sector. “La Ley de Seguridad Social contempla que la edad mínima de acceso a la pensión podrá ser rebajada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza especialmente
penosa, tóxica, peligrosa o insalubre”, recordaron durante la manifestación los responsables de la central.
En cualquier caso, fuentes del gabinete de José Luis Escrivá alejan la posibilidad de que las demandas de los sindicatos y colectivos sanitarios puedan atenderse en el corto plazo. “
Las medidas se encuentran en estos momentos en pausa al hallarse el Gobierno en funciones y no habiendo resultado posible completar los trabajos para la aprobación de los
cambios legislativos oportunos”, concluyen.
En este sentido, deslizan que este asunto “se ha venido abordando” en las mesas de negociación a lo largo de los últimos meses -y años-, pero se desconce cuándo podrá fructificar un acuerdo.
Condiciones del Gobierno para la jubilación anticipada en sanidad
En efecto, el departamento que abandera José Luis Escrivá viene trabajando en las mesas de diálogo social a fin de elaborar “criterios objetivos” para modificar los coeficientes reductores de las
profesiones consideradas ‘penosas’.
Fuentes del Ministerio avanzaron el pasado febrero de que, de llegar a implantarse esta vía en la sanidad,
no se hará de forma “global” sino que se constreñiría a los puestos más “peligrosos” o “penosos”. Sin embargo, esta idea tampoco llegó a cristalizar.
El Ejecutivo central sigue apelando a los
acuerdos del Pacto de Toledo, que en su componente número 12, referido a la edad de jubilación, establece que el retiro anticipado "deberá reservarse a aquellos trabajadores que cuenten con
largas carreras de cotización y, voluntariamente, opten por acogerse a ella”. “No obstante, podrán establecerse mecanismos en favor de colectivos que realicen actividades concretas atendiendo a su especialidad penosidad, peligrosidad o insalubridad y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad”, recoge el documento.
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