El Gobierno inyecta 4.682 millones a las CCAA para "garantizar la sanidad"

El Consejo de Ministros ha desbloqueado, a través de un Real Decreto, la entrega de 4.682 millones de euros a las comunidades autónomas para “garantizar las prestaciones en sanidad”, entre otros servicios públicos.  Ese es uno de los principales motivos escudados por la Abogacía del Estado para dar luz verde a la liberalización de esos fondos, y no restar margen de maniobra al siguiente Ejecutivo.

Así lo ha asegurado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, explicando que “teníamos que poner en valor y demostrar metodológicamente que había urgencias en las CCAA por no poder satisfacer sus compromisos de pago, que no de gasto; y que por tanto, pudiera peligrar la provisión de los servicios publico fundamentales”.

Son esos servicios públicos a los que se ha referido Montero concretamente al señalar que “podría producirse un menoscabo en la prestación de servicios públicos como sanidad o educación”. “En ningún momento la prestación ni la calidad de estos servicios ha estado amenazada ni ha habido una asfixia económica de los gobiernos autonómicos”, ha afirmado la ministra.

Compra centralizada de marcapasos

Además, el Consejo de Ministro también ha aprobado, a propuesta de la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, el acuerdo por el que se autoriza la firma de un Acuerdo Marco para la contratación de forma centralizada de marcapasos, desfibriladores y electrodos. Estos dispositivos son utilizados para corregir patologías cardíacas que tienen una incidencia creciente y un alto impacto social.

"En ningún momento la prestación ni la calidad de los servicios sanitarios han estado amenazados"

En el citado acuerdo participan el Ministerio de Defensa, las comunidades autónomas de Aragón, Cantabria y Extremadura y los centros del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en Ceuta y Melilla. Tiene un valor estimado de 35.333.974 euros por una duración de dos años con la posibilidad de prórroga de un año más.

Esta medida, según Sanidad, “supone la continuidad de actuaciones ya iniciadas para conseguir una mayor eficiencia del Sistema Nacional de Salud (SNS) y un ahorro total de 8,7 millones de euros”.

Ayudas sociales

Por último, también se ha aprobado dos reales decretos por los que se regula la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y económico, de dos subvenciones por un valor total de 4.350.000 euros.

A Ceuta y Melilla se destinará un importe de dos millones de euros para cada una de las ciudades con el objetivo de poner en marcha programas y actividades en materia de asistencia social destinadas a personas con un alto grado de vulnerabilidad. Entre ellas, las personas afectadas con enfermedades mentales o neurológicas, las que tienen deficiencias visuales o síndrome de Down.