David García. Madrid
El Gobierno ha garantizado a los funcionarios que no estarán desprotegidos aunque haya caducado el concierto con algunas entidades privadas y hayan entrado en vigor otros nuevos.
Así lo ha puesto de manifiesto en una respuesta por escrito a la portavoz de UPyD en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, que preguntaba al Ejecutivo sobre casos de desprotección de funcionarios al respecto.
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Gustavo Blanco, presidente de Muface.
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En el texto de respuesta, el Gobierno explica que en el ámbito militar, por ejemplo, se recogen previsiones orientadas a garantizar que los pacientes con procesos asistenciales en curso, puedan seguir siendo atendidos por los mismos servicios que venían utilizando durante doce meses (en caso de enfermos oncológicos o psiquiátricos), o durante seis meses en el resto de las especialidades, aunque el concierto haya caducado.
En cuanto a Muface, el Gobierno reconoce que con los nuevos conciertos pueden producirse cambios o sustituciones en los profesionales médicos o centros médicos que prestan la asistencia, aunque precisa que no suponen la disminución en la cartera de servicios que oferta Muface, sino variación en los profesionales o centros que presten estos servicios. Sin embargo, desvela que en los nuevos conciertos se incluyen diversas estipulaciones para garantizar “razonablemente” la continuidad asistencial de los pacientes.
Según el Ejecutivo, con los nuevos conciertos suscritos este año, Muface ha instado a todas las entidades aseguradoras a respetar el principio de continuidad asistencial en favor de los mutualistas en los tratamientos en curso en relación con aquellos medios, especialistas o médicos que dejasen de estar concertados con ellas y que les vinieran atendiendo.
Previendo las contingencias que pudieran surgir por el cambio de conciertos, en los nuevos se incluye la regulación del procedimiento de continuidad asistencia a través de comisiones mixtas tanto a nivel provincial como nacional, para que la Mutualidad pueda actuar como garante de los derechos de los mutualistas frente a las posibles reclamaciones de éstos frente a alguna actuación de la respectiva entidad de adscripción.
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