Gobierno y sindicatos acercan posturas. La Administración Pública ha visto con buenos ojos la propuesta de Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) sobre la reducción de la jornada de trabajo con carácter universal a 35 horas semanales, sin que exista una reducción salarial, también en el sector sanitario. Una petición plasmada en el documento remitido al Gobierno en el marco de la mesa de diálogo social de empleo y calidad.
El proceso de acuerdo aún está sobre la mesa. El Ministerio de Hacienda ha puesto de manifiesto su interés de llegar a un acuerdo con los sindicatos, así como explicó la propia secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, en la Comisión de Presupuestos del Congreso, que tuvo lugar el pasado mes de abril. Si bien no se desea abordar una reducción salarial, sí ven importante desde el Gobierno el considerar el coste que tendrá la medida para la estructura financiera del país.
Según los cálculos del departamento que dirige Cristóbal Montoro, el cambio de 37,5 horas a la semana a 35 tendrá un impacto estimado que oscila entre los 800 a los 1.200 millones de euros, un coste que habrá que definir aún más y determinar quién se hará cargo del mismo. En este sentido, es importante recordar que algunas de las autonomías que más han apostado en la reducción de la jornada han sido Andalucía y Asturias, con el apoyo posterior de otras cinco comunidades.
Otras de las propuestas sindicales
En la carta de CCOO y UGT, también se solicitaba combatir el paro a través de la creación de empleo de calidad, derogación de las reformas laborales, recuperar y mejorar el poder de compra de los salarios, fortalecer la negociación colectiva, y establecer medidas para ampliar y mejorar el tejido empresarial, así como para lograr un crecimiento sostenible. Sin pasar por alto la modificación de la actual regulación del contrato a tiempo parcial, los contratos formativos, y las condiciones de realización de las prácticas no laborales.
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