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El Gobierno confía en su doble escudo legal contra la corrupción sanitaria
La Ley de Integridad Pública y la Ley de Gestión Pública del SNS prevén mecanismos de control complementarios
La ministras de Hacienda y Sanidad, María Jesús Montero y Mónica García, respectivamente.
15 mar 2026. 18.30H
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POR MANU IBÁÑEZ
Allá por octubre de 2023, unos exultantes Pedro Sánchez y Yolanda Díaz firmaron un acuerdo de Gobierno de coalición en que, entre otras muchas cosas, se prometía avanzar hacia la “corrupción cero” simplificando los procesos de adjudicación de contratos públicos. Aún faltaban unos meses para el estallido del caso Koldo/mascarillas, en febrero de 2024. La estrategia de Moncloa para intentar que no vuelvan a repetirse casos de esa índole pasa ahora por aprobar la Ley Orgánica de Integridad Pública, cuyo anteproyecto se aprobó recientemente en el Consejo de Ministros. Pero en el Ejecutivo confían en el refuerzo que, en pos de ello, supondrá la materialización de uno de los proyectos estrella de legislatura del Ministerio de Sanidad, la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La externalización de servicios no implica, per se, un acto de corrupción administrativa en tanto en cuanto lo permite la ley, pero, en diciembre, Mónica García habló de posible “corrupción institucional” al referirse a la gestión privada de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Fue después de que salieran a la luz los audios de Pablo Gallart, exCEO de la empresa concesionaria del Hospital de Torrejón, Ribera Salud, en los que pedía aumentar las listas de espera rechazando pacientes para priorizar el beneficio económico de la compañía.
Sanidad pisó entonces el acelerador para elevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Gestión Pública. “Se cierra una etapa y damos portazo a ese modelo que permitía que el lucro entrara en la gestión pública, vamos a ponerle coto a esos modelos que han detraído recursos para engrosar las carteras de unas cuantas empresas”, dijo García en la rueda de prensa posterior a la cumbre de Moncloa, el 10 de febrero.
En el anteproyecto legislativo se promueve la gestión directa de los servicios sanitarios desde las administraciones competentes, pero también se plantea la posible creación de consorcios entre entidades públicas. Además, se limita a tres “situaciones excepcionales” la externalización a la sanidad privada: que no sea posible la prestación directa, que la financiación de la gestión indirecta sea “sostenible y eficiente, justificada y motivada objetivamente”, y que esa fórmula indirecta garantice “la sostenibilidad social del servicio”.
El texto también prevé, en su disposición final segunda, una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para que, en caso de empate, los órganos de contratación en el ámbito sanitario prioricen a las entidades sin ánimo de lucro, “dentro del marco de actuación de la propia normativa de contratación”. Además, la disposición adicional segunda contempla que la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad “pueda asesorar a las administraciones sanitarias competentes, si así lo solicitan, en el marco de los procesos de reversión de centros, servicios y establecimientos sanitarios gestionados previamente de manera indirecta”.
Son aspectos que, según las fuentes del Gobierno consultadas, entroncan con una de las medidas de prevención contra la corrupción incluidas en el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. Desde el Ejecutivo explicaron en su momento que todas las administraciones públicas tendrán la obligación de hacer un análisis de riesgos en la externalización de servicios esenciales como los sanitarios. También se pretende que todos los ministerios creen comités de integridad para fortalecer su gobernanza anticorrupción.
Tal y como publicó Redacción Médica, el Ministerio de Sanidad ya cuenta con un Comité Antifraude desde 2022, a raíz de la aprobación, ese mismo año, de un Plan de Medidas Antifraude. En 2024, el departamento, mediante una orden ministerial, creó su Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria, cuyo primer Plan Estratégico se aprobó meses después. El ministerio dio luz verde a su Código Ético y de Conducta en mayo de 2025, y poco antes de que acabara el año actualizó la composición y el régimen de funcionamiento del Comité Antifraude, que quedó renombrado como Comité de Integridad y Antifraude.
La externalización de servicios no implica, per se, un acto de corrupción administrativa en tanto en cuanto lo permite la ley, pero, en diciembre, Mónica García habló de posible “corrupción institucional” al referirse a la gestión privada de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Fue después de que salieran a la luz los audios de Pablo Gallart, exCEO de la empresa concesionaria del Hospital de Torrejón, Ribera Salud, en los que pedía aumentar las listas de espera rechazando pacientes para priorizar el beneficio económico de la compañía.
Preferencia por la gestión directa de servicios sanitarios
Sanidad pisó entonces el acelerador para elevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Gestión Pública. “Se cierra una etapa y damos portazo a ese modelo que permitía que el lucro entrara en la gestión pública, vamos a ponerle coto a esos modelos que han detraído recursos para engrosar las carteras de unas cuantas empresas”, dijo García en la rueda de prensa posterior a la cumbre de Moncloa, el 10 de febrero.
En el anteproyecto legislativo se promueve la gestión directa de los servicios sanitarios desde las administraciones competentes, pero también se plantea la posible creación de consorcios entre entidades públicas. Además, se limita a tres “situaciones excepcionales” la externalización a la sanidad privada: que no sea posible la prestación directa, que la financiación de la gestión indirecta sea “sostenible y eficiente, justificada y motivada objetivamente”, y que esa fórmula indirecta garantice “la sostenibilidad social del servicio”.
El texto también prevé, en su disposición final segunda, una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para que, en caso de empate, los órganos de contratación en el ámbito sanitario prioricen a las entidades sin ánimo de lucro, “dentro del marco de actuación de la propia normativa de contratación”. Además, la disposición adicional segunda contempla que la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad “pueda asesorar a las administraciones sanitarias competentes, si así lo solicitan, en el marco de los procesos de reversión de centros, servicios y establecimientos sanitarios gestionados previamente de manera indirecta”.
Análisis de riesgos y comités de integridad anticorrupción
Son aspectos que, según las fuentes del Gobierno consultadas, entroncan con una de las medidas de prevención contra la corrupción incluidas en el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. Desde el Ejecutivo explicaron en su momento que todas las administraciones públicas tendrán la obligación de hacer un análisis de riesgos en la externalización de servicios esenciales como los sanitarios. También se pretende que todos los ministerios creen comités de integridad para fortalecer su gobernanza anticorrupción.
Tal y como publicó Redacción Médica, el Ministerio de Sanidad ya cuenta con un Comité Antifraude desde 2022, a raíz de la aprobación, ese mismo año, de un Plan de Medidas Antifraude. En 2024, el departamento, mediante una orden ministerial, creó su Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria, cuyo primer Plan Estratégico se aprobó meses después. El ministerio dio luz verde a su Código Ético y de Conducta en mayo de 2025, y poco antes de que acabara el año actualizó la composición y el régimen de funcionamiento del Comité Antifraude, que quedó renombrado como Comité de Integridad y Antifraude.
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