El
Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Real Decreto por el que se facilita la
contratación indefinida en entidades públicas del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. El objetivo, según ha explicado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno,
Isabel Rodríguez, es dar mayor estabilidad a la carrera profesional del personal investigador en instituciones de la I+D+I como universidades, centros de investigación o fundaciones.
El Ejecutivo adelanta esta medida para poner fin a la incertidumbre que la
reforma laboral había generado entre el personal investigador, cuyo trabajo está vinculado a proyectos de una duración y financiación determinada.
"Con este acuerdo logran, en coherencia con la reforma, estar como
indefinidos en el sistema de Ciencia", ha explicado Rodríguez, que ha señalado que era una demanda "muy importante" que estaba ya
contemplada en la Ley de Ciencia, que, en estos momentos, se encuentra en plena
tramitación parlamentaria.
Desde el 31 de marzo, cuando entró plenamente en vigor la reforma laboral, no se pueden realizar contratos de obra y servicio y, mientras no se apruebe la nueva Ley de la Ciencia que incorpora el nuevo contrato indefinido,
todas las contrataciones estaban paralizadas. Por eso, Ciencia ha tenido que recurrir a la tramitación urgente por Real Decreto para no seguir bloqueando las contrataciones.
Este es el motivo por el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado un paso al frente para "evitar cualquier incertidumbre jurídica", consiguiendo que el personal investigador también opte a esa condición de contratado indefinido.
"Tenemos que darles tranquilidad, seguridad y, en definitiva, certezas en su carrera profesional", ha añadido.
Nuevo itinerario científico postdoctoral
El
Pacto por la Ciencia y la Innovación incorpora una batería de propuestas para mejorar las condiciones laborales de los investigadores. Una de las claves es la creación de esta
nueva modalidad de contrato indefinido aplicable a todos los campos del conocimiento, lo que facilitará reducir la “precariedad” en el sector.
Los grupos han coincidido en que esta nueva fórmula jurídica permitirá dotar de estabilidad al personal inmerso en líneas de investigación ya definidas porque su situación personal ya no estaría sujeta a los
“límites de la oferta de empleo público ni las tasas de reposición”, de acuerdo al documento de 54 páginas de extensión al que tuvo acceso
Redacción Médica.
Asimismo, los grupos parlamentarios también sellaron otra serie de compromisos como el de establecer un
nuevo itinerario científico postdoctoral con un contrato de hasta seis años de duración en las universidades. Al tercer año, se abre la posibilidad de obtener un certificado que facilita la consolidación de plazas de carácter permanente tanto en organismos públicos como en centros académicos.
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