El Consejo de Ministros ha aprobado un
Real Decreto por el que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2018/958 que regula la libre circulación de los profesionales en toda la Unión Europea.
La Directiva establece
normas comunes para todos los países que deberán aplicarse en las evaluaciones de proporcionalidad que los Estados miembros deben realizar antes de introducir nuevas regulaciones que restrinjan el acceso a las profesiones reguladas o su ejercicio, o de modificar las existentes, garantizando el buen funcionamiento del mercado interior, la transparencia y un elevado nivel de protección a los consumidores.
La valoración de la proporcionalidad de los requisitos, tal y como establece la Directiva, evitará la
imposición de barreras innecesarias para el acceso o ejercicio de profesiones reguladas, lo que contribuirá a una mayor competencia.
El test de proporcionalidad facilitará también la adaptación de las profesiones reguladas a la nueva realidad económica y al nuevo entorno tecnológico, contribuyendo al aumento de la competencia y, por tanto, incrementando el beneficio de consumidores y usuarios. Asimismo, esta nueva herramienta común
permitirá una mayor armonización de las normas internas sobre profesiones reguladas, facilitando la
libre circulación de los profesionales en toda la Unión Europea.
El Real Decreto detalla la lista de cuestiones que obligatoriamente deben tenerse en cuenta cuando se realice la evaluación de los requisitos al para regular una profesión con el fin de garantizar que las
medidas adoptadas son proporcionadas, necesarias y no discriminatorias para el ejercicio de dicha profesión, entre ellas la sanitaria.
Mismos criterios para todos los países
Si bien, la normativa española actual ya contempla la obligación de realizar un análisis previo de la necesidad, proporcionalidad y no discriminación para las profesiones reguladas, el Real Decreto incluye como novedad que este análisis deberá hacerse siguiendo el marco homologado establecido por la Unión Europea, que garantiza que en todos los países se tiene en cuenta los mismos criterios.
De esta forma, para la regulación de las nuevas profesiones o la modificación de las existentes, los responsables deberán ser capaces de determinar y justificar si la restricción del acceso a las profesiones reguladas, o a su ejercicio, es proporcionado en relación con los objetivos perseguidos y los beneficios. Asimismo, deben compararse las medidas propuestas con
soluciones alternativas que permitan alcanzar el mismo objetivo imponiendo menos restricciones.
Por su parte, las autoridades competentes garantizarán que el
acceso a nuevas profesiones reguladas o la modificación de las existentes están justificadas por objetivos de interés público. El Consejo Económico y Social (CES) ya se había mostrado a favor de esta ley, ya que consideraba que para abordar la crisis económica y social que ha provocado el nuevo coronavirus, "se requiere aprovechar al máximo las ventajas del mercado único mediante su modernización y su fortalecimiento,
reduciendo la burocracia y acelerando los trámites que permiten la movilidad profesional".
Finalmente, y para facilitar la aplicación del test de proporcionalidad, se incorpora en el proyecto normativo la posibilidad de que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas establezcan recomendaciones comunes en el marco de sus competencias.
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