Redacción. Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este viernes la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.
El Gobierno ha destacado que esta iniciativa es fruto del trabajo conjunto desarrollado con las comunidades autónomas y los agentes sociales, que ya avalaron el texto el pasado 7 de abril, dentro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Fátima Báñez, ministra de Empleo.
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La ministra Fátima Báñez, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, el presidente de CEOE, Juan Rosell, y el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, presentarán de manera oficial el próximo lunes la estrategia.
El plan se ha desarrollado para que suponga la principal herramienta del Gobierno para fortalecer y reforzar las políticas públicas de prevención de riesgos laborales, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Los beneficiarios, según ha indicado el Gobierno, son el conjunto de los trabajadores, especialmente, los de las pequeñas y medianas empresas.
El coste de la Estrategia es de 36 millones de euros (12 millones por cada uno de los tres planes de dos años en los que se articula).
Los objetivos de la Estrategia son promover una mejor aplicación de la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo y su consolidación en las CCAA, especialmente, en las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, pretende favorecer la mejora continua de las condiciones de trabajo, con especial atención a la prevención de las enfermedades profesionales.
Otros objetivos de la Estrategia son mejorar la eficiencia de las instituciones dedicadas a la prevención de riesgos laborales; potenciar actuaciones de las Administraciones Publicas en materia de análisis, investigación, promoción, apoyo, asesoramiento, vigilancia y control de la prevención de riesgos laborales; y promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en sectores, actividades, colectivos y empresas de mayor riesgo. Por último, fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.
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