Eduardo Ortega / David García. Madrid
¿Qué le espera a España en 2016? El gobierno de Mariano Rajoy vaticina que, como mínimo, crecimiento económico. El ejecutivo calcula que el producto interior bruto (PIB) crecerá un 3 por ciento. Sin embargo, esta mejoría en las cuentas del Estado no se va a trasladar al gasto sanitario público.
Así lo indica el Plan Presupuestario 2016 que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea (al que ha tenido acceso Redacción Médica), según el cual la proporción de PIB dedicada a la sanidad pública caerá hasta el 5,6 por ciento, dos décimas menos que en el actual 2015. Y ello a pesar de que el proyecto de presupuestos generales del estado para 2016, que todavía tiene que aprobarse definitivamente en Las Cortes, refleja un incremento de las cantidades destinadas a políticas sanitarias del 3,6 por ciento.
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Evolución del gasto sanitario público en porcentaje del PIB. Fuente: Ministerio de hacienda y Ministerio de Sanidad.
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Sin embargo, a pesar de que se reduce la proporción de PIB que se destina a la sanidad pública, el gasto total en esta partida se va a mantener, según el documento. Aunque no se explica la razón, se intuye que el aumento de los ingresos en las arcas públicas va a permitir mantener la inversión.
Por otro lado, el que disminuya el 'trozo de tarta' que el estado dedica a la sanidad pública no es tampoco una novedad. De hecho, las caídas en esta partida se encadenan desde, al menos, 2009, cuando se dedicaba a las políticas sanitarias un 6,7 por ciento del PIB.
Sin embargo, la reducción de la proporción del PIB no afecta solo a la sanidad, sino también afecta a otros servicios sociales, como la educación y el empleo.
Se mantienen las promesas a Bruselas en gasto farmacéutico
Asimismo, en el documento el Gobierno mantiene ante la Comisión Europea el cálculo que ya hizo en un informe anterior de que entre 2015 y 2016 se va obtener un ahorro en materia de gasto farmacéutico hospitalario de unos 1.000 millones, gracias al mecanismo que vincula esta partida presupuestaria a la evolución del PIB. Con todo, hay que recordar que todavía ninguna región se ha adherido al mismo y, por tanto, no se ha puesto en marcha.
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Mariano Rajoy, presidente de España, y Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.
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Además, el Gobierno argumenta que medidas ya puestas en marcha como la mejora de la información para el seguimiento del gasto sanitario y farmacéutico, “incluido el de carácter hospitalario” (que se pondrá en marcha en otoño) mejorarán la gestión de estas partidas.
En este sentido, se precisa que las compras centralizadas de medicamentos tendrán un impacto presupuestario de 200 millones de euros durante los dos próximos años y que “otras medidas en materia de farmacia y productos sanitarios” supondrán unos 650 millones en el mismo tiempo, aunque, en ningún caso, se precisa el efecto en materia de ahorro.
Lucha contra el fraude
Conviene destacar también algunas precisiones más vagas que el Gobierno le señala a Bruselas, como la “lucha contra el fraude en la obtención de la tarjeta sanitaria, la implantación de la tarjeta sanitaria interoperable, la historia clínica digital y la receta electrónica”, que según nuestro Ejecutivo favorecerán “ahorros y una mayor eficiencia del sistema”. Eso sí, deja en el aire cuál será el ahorro exacto en esa materia.
Precisamente, el informe español enviado a Bruselas también hace mención al programa de receta electrónica interoperable e historia clínica digital dentro del impacto presupuestario esperado de las medidas de gasto adoptadas por el Estado. Según se desprende del texto, el gasto en esta materia fue de 152 millones de euros en 2014 y de 150 millones en 2015, pero es el único apartado en el que no aparecen las previsiones para 2016.
Se da la circunstancia de que la adopción de la e-receta se está llevando a cabo en forma de proyecto piloto en solo dos regiones, Extremadura y Canarias, y si se atiende a los datos enviados a Europa, en 2016 no se destinará nada al desarrollo de estas iniciativas en otras autonomías. Eso sí, el informe señala textualmente que se trata de una “medida en avanzado estado de implantación”.
Asimismo, el gobierno español vuelve a insistir el éxito de RD 16/2012. Según el texto, la legislación “contenía diversas medidas encaminadas a la racionalización del gasto con el fin último de incrementar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, unida a la adopción de medidas adicionales de muy diversa índole durante los ejercicios 2012 a 2014, han contribuido a una importante mejora en la racionalización y eficiencia del gasto público y a la correspondiente mejora en los saldos fiscales del periodo”.
Con todo, todavía queda esperar el dictamen de la Comisión sobre el Plan, algo que podría dilatarse en el tiempo. El vicepresidente para Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskim, afima que el Colegio de Comisarios, ente responsable de emitir el dictamen, podría tardar en tomar una decisión al respecto varios días, algo anómalo teniendo en cuenta que siempre sale a luz un día después de que se debata este tipo de informes presentados por los estados miembro.
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