Desde el periodo de interinidad en el que ha estado el Gobierno de
Mariano Rajoy, terminado hace escasas semanas, hasta ahora, el Estado ha puesto especial atención en que determinadas prestaciones, como los
medicamentos, no queden restringidas por ajustes como los
cierres fiscales u otras medidas provisionales de
control presupuestario, una estrategia que en 2017 se va a ampliar al resto de las
prestaciones sanitarias.
Así lo ha aprobado el último Consejo de Ministros, en el que se ha acordado que el
gasto disponible para 2017 se ajuste al nivel de gasto real del ejercicio 2016, una iniciativa provisional que el Gobierno ha tenido que promover dado que todavía no se han podido formular ni aprobar los presupuestos generales del Estado para el próximo ejercicio.
En virtud de dicho acuerdo, se ha declarado la no disponibilidad de créditos por valor de 5.493 millones de euros y se adoptan medidas de control de la ejecución del gasto durante 2017. Sin embargo, entre las excepciones para la aplicación de estos ajustes está la sanidad, que queda excluida de esta política para “mantener el compromiso del Gobierno con el
gasto social”. En esta situación se van a hallar también la Educación y otras cuestiones de ámbito social.
No es la primera ocasión que una política similar se lleva a cabo. Ya durante el verano de 2016, el
Ministerio de Hacienda decretó el cierre contable de la cuentas del Estado, aunque este no afectó a la
financiación de nuevos medicamentos ni a la política farmacéutica nacional, aunque no estaban previstos estos aspectos entre las excepciones, como sí ocurre en esta ocasión
118.132 millones de euros para gasto no financiero
De esta manera, tal y como indica el Consejo de Ministros, el
gasto no financiero del Estado disponible para 2017 asciende a 118.132 millones de euros, “cuantía que permite cumplir con la senda de reducción del déficit público aprobada por las Cortes Generales, que fija un objetivo del -1,1 por ciento del producto interior bruto (PIB) en 2017 para la Administración Central, coherente con la senda de reducción del déficit para el conjunto de Administraciones Públicas propuesta por la Comisión Europea”.
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