El gasto de las bajas laborales crece más rápido que la inversión sanitaria
El Ministerio de Estadística publica las Cuentas Integradas de Protección Social
Imagen del interior de un hospital.
16 jul 2026. 05.30H
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, incendió la pasada semana el debate sobre la incapacidad temporal. Ahora, la Estadística de Cuentas Integradas de Protección Social en términos SEEPROS pone cifras a esta realidad. Entre 2020 y 2024, el gasto público destinado a la función de "Enfermedad y Atención Sanitaria" en España aumentó un 24 por ciento, al pasar de 92.938 millones de euros en 2020 a una cifra provisional de 115.310 millones en 2024. Sin embargo, ese incremento no vino acompañado de un aumento proporcional de la inversión en recursos sanitarios en especie, como hospitales o farmacia. En cambio, el gasto destinado a compensar el salario de los trabajadores durante los periodos de incapacidad temporal se disparó un 34,7 por ciento.
En la hoja de gasto presentada por el Ministerio de Estadística se distinguen dos grandes vías de financiación que muestran una evolución muy diferente. Por un lado, las prestaciones en especie, que incluyen la atención médica directa, las estancias hospitalarias, los servicios ambulatorios y los productos farmacéuticos. Este bloque, que sigue siendo el eje de la provisión pública de salud, absorbió 76.227 millones de euros en 2020 y alcanzó los 92.799 millones en 2024, lo que supone un incremento del 21,7 por ciento.
Por otro lado, las prestaciones en dinero, integradas casi en su totalidad por los subsidios por incapacidad, registraron un crecimiento mucho más intenso. Tras partir de 16.711 millones de euros en 2020, las previsiones para 2024 elevan esta partida hasta los 22.511 millones de euros, lo que representa un aumento del 34,7 por ciento.
Más allá de los procesos agudos, la cronicidad y la dependencia son uno de los grandes gastos del sistema. En 2023, la función de gasto denominada "Invalidez" dio cobertura a más de 1,14 millones de beneficiarios en España, de los que 696.413 eran hombres y 449.147, mujeres. Este apartado incluye las pensiones por incapacidad permanente, las políticas de integración laboral de las personas con discapacidad y las prestaciones económicas vinculadas a la dependencia. Para todo ello, el, el gasto previsto para 2024 superó los 24.268 millones de euros.
Desde la perspectiva de la salud pública y el envejecimiento, también destaca la partida destinada a la ayuda por tercera persona dentro del ámbito de la discapacidad. La inversión en esta prestación ha pasado de 402,3 millones de euros en 2020 a una previsión de 572,9 millones en 2024. El incremento, superior al 42 por ciento, evidencia la creciente presión que ejerce el envejecimiento de la población y el aumento de las necesidades de cuidados de larga duración.
Esta tendencia continuará en los próximos ejercicios. A partir de 2025, el gasto en dependencia previsiblemente seguirá aumentando. Más aún tras la aprobación del nuevo sistema de financiación, por el que el Estado asumirá el 50 por ciento del coste de la Atención a la Dependencia.
La brecha entre la asistencia y las bajas
En la hoja de gasto presentada por el Ministerio de Estadística se distinguen dos grandes vías de financiación que muestran una evolución muy diferente. Por un lado, las prestaciones en especie, que incluyen la atención médica directa, las estancias hospitalarias, los servicios ambulatorios y los productos farmacéuticos. Este bloque, que sigue siendo el eje de la provisión pública de salud, absorbió 76.227 millones de euros en 2020 y alcanzó los 92.799 millones en 2024, lo que supone un incremento del 21,7 por ciento.
Por otro lado, las prestaciones en dinero, integradas casi en su totalidad por los subsidios por incapacidad, registraron un crecimiento mucho más intenso. Tras partir de 16.711 millones de euros en 2020, las previsiones para 2024 elevan esta partida hasta los 22.511 millones de euros, lo que representa un aumento del 34,7 por ciento.
El peso de la invalidez y los cuidados en el sistema público
Más allá de los procesos agudos, la cronicidad y la dependencia son uno de los grandes gastos del sistema. En 2023, la función de gasto denominada "Invalidez" dio cobertura a más de 1,14 millones de beneficiarios en España, de los que 696.413 eran hombres y 449.147, mujeres. Este apartado incluye las pensiones por incapacidad permanente, las políticas de integración laboral de las personas con discapacidad y las prestaciones económicas vinculadas a la dependencia. Para todo ello, el, el gasto previsto para 2024 superó los 24.268 millones de euros.
Desde la perspectiva de la salud pública y el envejecimiento, también destaca la partida destinada a la ayuda por tercera persona dentro del ámbito de la discapacidad. La inversión en esta prestación ha pasado de 402,3 millones de euros en 2020 a una previsión de 572,9 millones en 2024. El incremento, superior al 42 por ciento, evidencia la creciente presión que ejerce el envejecimiento de la población y el aumento de las necesidades de cuidados de larga duración.
Esta tendencia continuará en los próximos ejercicios. A partir de 2025, el gasto en dependencia previsiblemente seguirá aumentando. Más aún tras la aprobación del nuevo sistema de financiación, por el que el Estado asumirá el 50 por ciento del coste de la Atención a la Dependencia.
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