La reunión del
Consejo de Ministros celebrada este martes ha planteado cuestiones claves en cuanto a la
distribución del Fondo Procedentes de Bienes Decomisados. En este sentido, se ha aprobado el acuerdo por el que se establecen los
criterios de distribución para el año 2024 de este fondo, que dedicará una parte a programas y proyectos destinados a abordar diversas dimensiones de las adicciones y
la salud mental.
Esta propuesta, liderada por el
ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, señala que este fondo se derivará también a aquellos
gastos originados por la propia administración, así como la financiación de tres programas. Por una parte, aquellos
programas de prevención de toxicomanías y otras adicciones, asistencia a drogodependientes y personas con problemas de adicción e inserción social y laboral de los mismos, entre los que se contempla la asistencia a aquellas personas con
problemas de salud mental.
Por otra parte, se encuentran los programas y actuaciones acometidas por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT o cualquier otro beneficiario del Fondo, en materia de lucha contra el tráfico de drogas. Por último, este fondo se derivará a la
financiación de otros programas o actividades concretas no contempladas en los apartados anteriores que, por su especial interés o interdisciplinariedad, resulten de inaplazable ejecución en el ejercicio 2024.
Directrices y buenas prácticas en Inteligencia Artificial
Además, en un contexto en el que la aprobación del
Reglamento europeo de Inteligencia Artificial se encuentra en proceso, España ha acordado liderar un proyecto apoyado por la
Comisión Europea que busca establecer directrices de
buenas prácticas y guías para la implementación de
requisitos aplicables a sistemas de Inteligencia Artificial.
Este proyecto tiene un enfoque particular en componentes de
seguridad de productos regulados y sistemas de IA autónomos en áreas como el
sector sanitario, que están sujetos a evaluación por terceros en virtud de la legislación sectorial pertinente.
Se espera que esta iniciativa sea un paso importante para asegurar que la IA se desarrolle de manera responsable y segura en base a la elaboración de un
informe con buenas prácticas basado en las pruebas y la experimentación práctica.
En marcha la primera ley de Inteligencia Artificial
Recientemente, el
Parlamento Europeo ya había dado luz verde a la
negociación de una Ley de Inteligencia Artificial con el fin de garantizar que la utilización esta herramienta se ajuste a los
derechos de los ciudadanos, respetando la seguridad, la privacidad y la transparencia.
Esta ley se centra en diversos planos, que van desde la utilización del usuario, hasta su
empleo en materia sanitaria. Algunos de los usos de la IA y han señalado como intrusivos dentro del área de la salud, recogen el uso de sistemas de
identificación biométrica remota en tiempo real; los sistemas policiales predictivos; los sistemas de
reconocimiento de emociones por las fuerzas de seguridad en fronteras, lugares de trabajo o instituciones de enseñanza; así como el
rastreo indiscriminado de imágenes faciales sacadas de Internet.
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