El Gobierno y los agentes sociales alcanzaron un acuerdo a finales del 2022 para trasladar hasta la Administración pública algunas de las
exigencias en materia igualdad que ya cumplen el grueso de las empresas privadas, lo que se traduciría en una
gran auditoría sobre las condiciones laborales de las mujeres en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, más de medio año después las negociaciones para desarrollar un registro con los planes de todos los servicios de salud todavía no ha visto la luz. La necesidad de acometer una
reforma legislativa profunda y el sorpresivo adelanto electoral han dejado el asunto relegado ya a la próxima legislatura.
Los sindicatos han logrado el compromiso del
Ministerio de Hacienda y Función Pública para incorporar de manera “inminente” sus reivindicaciones en esta materia en el grupo de trabajo que desde hace tres meses está vigilando la aplicación del
Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. No obstante, para poder acometer los cambios es necesario reformar el
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) con el objetivo de regular las nuevas obligaciones de los funcionarios en esta materia.
Silvia Espinosa, la responsable de Mujeres e Igualdad de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, ha relatado a
Redacción Médica las dificultades para lograr esta transformación en tan poco tiempo. “La Administración se comprometió en el acuerdo, lo que pasa que luego hay que desarrollarlo y hacerlo efectivo.
Nos ha pillado todo el tema político. Pensábamos que nos iba a dar tiempo porque las elecciones generales eran a final de año e íbamos a tener tiempo de hacer los cambios legales”, ha apostillado.
El objetivo marcado por el sindicato pasa por que todas las entidades públicas cuenten con sus
respectivos planes de igualdad, así como que tengan el
nivel de "calidad" y "exigencia" necesarios en los casos en los que ya existe este protocolo. Esta herramienta, que contempla medidas en un espacio de cuatro años, permitiría “
pulir y solucionar” las discriminaciones que se producen en el ámbito laboral. Para hacer efectiva esta medida, primero hay que realizar un
estudio sobre la plantilla por sexos, en el que se tengan en cuenta aspectos como la edad, el nivel retributivo o el tipo de contratación.
La brecha salarial en la sanidad
Aunque en las organizaciones públicas los salarios están más regulados, esta auditoría sí que permitiría analizar aspectos como las
diferencias salariales por categorías, las dificultades para acceder a
puestos de responsabilidad o qué perfil suele recurrir a las
medidas de conciliación como las excedencias, que generalmente toman las mujeres. “El tema retributivo es muy tozudo porque en todos los sitios sale brecha”, ha afirmado Espinosa.
“Igual a simple vista dices que todo el mundo cobra igual y tiene los mismos derechos, pero luego
cuando vas a la estadística y ves los datos de las plantillas es cuando salen las desigualdades”, ha enfatizado la responsable del área de Mujer e Igualdad.
La líder sindical ha incidido en que algunas
comunidades autónomas ya han comenzado a desarrollar planes de igualdad en sus servicios de salud, pero que la falta de una norma estatal que obligue a todas las administraciones ha impedido que generalicen por todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) ya que no hay una
“exigencia” formal.
Estos requisitos ya venían contemplados en la
Ley de Igualdad que aprobó el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007 y que contemplaban la obligatoriedad de los planes de igualdad tanto en la empresa privada como en las administraciones. Sin embargo, no fue hasta trece años después cuando entró en vigor la normativa de reglamentación con dos nuevos
Reales Decretos, que, en este caso, solo afectan al sector empresarial.
La principal reivindicación de CCOO es que se adapten estos Reales Decretos para que sean de aplicación en todas las administraciones con el objetivo de acabar con esta "paradoja" que lleva más exigencia al sector privado que al público. “
La Administración Pública es la gran incumplidora de los planes de igualdad”, ha apuntado Espinosa, quien ha lamentado que las entidades públicas no "prediquen con el ejemplo", a pesar de que sí que exigen esas condiciones a las compañías que participan en un proceso de licitación.
La portavoz sindical ha apuntado que casi todos los servicios de salud cuentan actualmente con sus respectivos planes de igualdad, sin embargo son
"dispares", algunos han caducado y no cuentan con un
"seguimiento y evaluación" de sus medidas, debido a este fenóomeno normativo.
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