El difícil encaje de una financiación ligada al coste real de la sanidad

El nuevo modelo de financiación planteado por el Ministerio de Hacienda liderado por María Jesús Montero ha provocado cierto malestar entre las Administraciones autonómicas. Según la titular de la cartera nacional, la propuesta de su departamento permitirá repartir 20.975 millones de euros más que con la financiación establecida anteriormente. Un incremento económico que se podría invertir en la sanidad de cada territorio, aunque este hecho, tal y como han manifestado durante los últimos días los representantes de ciertas consejerías de Hacienda, dependerá de la realidad de cada región.

Entre las principales novedades que afectarán al reparto sanitario se encuentra, en primer lugar, el aumento de la parte de recaudación de cada autonomía de régimen común (todas excepto Euskadi y Navarra) del IRPF, de un 50 a un 55 por ciento, y del IVA, de un 50 al 56,5 por ciento. Además, destaca el nuevo peso de la población protegida equivalente, que alcanza el 38 por ciento de los criterios para determinar la población ajustada y que se desplegará en base a 20 grupos de edad (en estos momentos son siete), lo que permitirá "aproximar mejor los costes sanitarios en función de las necesidades de los beneficiarios".

Un conjunto de novedades que para algunos Gobiernos autonómicos, incluso con diferente signo político, podrían llegar a ser perjudiciales. Lo contrario ocurre para el Gobierno de Salvador Illa, quien ha defendido 'a capa y espada' el modelo desde su presentación. "Pone más recursos para mejorar la sanidad en todos los territorios", aseguró en rueda de prensa la semana pasada.

El principal debate está en que cada territorio tiene unas características diferentes. Mientras unos Gobiernos piden que se tenga más en cuenta la superficie territorial, otros consideran de mayor relevancia la población. Dos indicadores que, entre otras cosas, hacen que sea "imposible" una financiación ligada al coste real de la sanidad. 

Sanidades "perjudicadas" por la nueva financiación

Una región que "no será beneficiada" será Extremadura que, con Cantabria, son los dos territorios que comparten posición ex aequo en el modelo. Tal y como han confirmado fuentes del Gobierno a Redacción Médica, la región "no recibirá ni un céntimo más de lo que recibe actualmente".

"Es necesario un reparto más justo de los 325.000 millones de euros que ha recaudado el Estado este año, que es el doble de lo que recaudaba en el año 2009, que es cuando se aprobó el otro modelo de financiación autonómica", han matizado. Por ello, han confirmado a este medio que no se invertirá más en la sanidad extremeña: "No será posible".

Respecto al nuevo planteamiento de la población ajustada, el Ejecutivo regional ha indicado que tampoco traerá nada bueno al territorio gobernado en funciones por María Guardiola: "En una comunidad autónoma como Extremadura envejecida y con una extensión territorial tan amplia no nos beneficia, ya que el factor de la población cuenta un 97 por ciento y el de superficie solo un 1,6 por ciento, siendo Extremadura una región con mucha superficie, muy poca población y muy dispersa".

De hecho, la propia consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, puso encima de la mesa esta cuestión. "En Extremadura, con un millón de habitantes y una extensión territorial tan amplia, el coste de prestación de los servicios es muy elevado, por lo que la superficie tendría que contar mucho más", apuntó esta semana.

Desde la Junta de Castilla y León tampoco apoyan el sistema. "Se reparten 20.975 millones de euros entre las comunidades autónomas. 271 millones de esa cifra van para Castilla y León, es decir, un 1,3 por ciento del total. 4.686 van para Cataluña", han explicado a este medio desde la Administración autonómica.

Y es que la región gobernada por Salvador Illa "recibe 17,3 veces más que los castellanoleoneses". "Tienen 3,3 veces nuestra población, pero tenemos 2,9 veces su superficie, y Cataluña recibe 17,3 veces más que nosotros de los nuevos fondos", han profundizado. 

Asturias busca "garantizar los servicios públicos"

La vicepresidenta del Principado de Asturias -donde gobiernan los socialistas-, Gimena Llamedo, ha advertido que su Ejecutivo "no aceptará un plato precocinado". De hecho, este mismo lunes ha reclamado la apertura de un diálogo "en pie de igualdad" con todas las comunidades. 

Aunque ha admitido que el Gobierno del Principado analizará la propuesta, también ha dejado claro que pedirá aclaraciones sobre la letra pequeña. "Hemos escuchado con atención, pero nuestra posición ya la hemos trasladado en numerosos foros. Siempre hemos defendido los intereses de Asturias con rigor y contundencia", ha apuntado.

Del mismo Ejecutivo, el pasado viernes se pronunció también al respecto el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien defendió que el modelo debe garantizar la financiación de los servicios públicos, "poniendo el foco en las personas, no en los territorios", y atendiendo al coste efectivo de esos servicios, especialmente en "comunidades como Asturias, marcada por la demografía y el envejecimiento". Eso sí, el propio Peláez admitió que la propuesto de Montero significaría 248 millones de euros más para el Principado.

Oposición popular contra el modelo de financiación

Por su parte, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha calificado de "inaceptable y una ofensa para la España de las autonomías" el nuevo modelo. Lo ha definido como "un traje a medida del independentismo".

"La financiación está para garantizar servicios públicos esenciales a los ciudadanos vivan donde vivan en condiciones de equidad, y no vamos a consentir privilegios que rompan la igualdad entre españoles y la solidaridad entre territorios. Y mucho menos con privilegios que perjudican a Cantabria", ha asegurado la líder autonómica del Partido Popular.

Desde su punto de vista, la región que lidera perdería 46 millones de euros. "Es una cuestión existencial, de supervivencia de la comunidad autónoma. Estamos hablando de las cosas de comer, de los hospitales, de los médicos, de los profesores, del transporte escolar, de los mayores que están en las residencias...", ha señalado Buruaga. 

"Sin diálogo" con las comunidades autónomas

Desde el punto de vista de la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, es un modelo "que se presenta sin ningún tipo de diálogo con las comunidades autónomas". También ha defendido a su territorio frente a las críticas: "Dicen que somos de las regiones más beneficiadas porque somos la que más recibimos. Andalucía siempre tiene que recibir más porque es la más poblada. Recibimos lo que nos corresponde".

Aun así, ha destacado que este modelo "no soluciona la infrafinanciación de Andalucía". "Seguimos por debajo de la media", ha subrayado. 

En la misma línea que España, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública de Aragón, Roberto Bermúdez, también ha rechazado en rueda de prensa el nuevo planteamiento de Montero por ser "injusto para Aragón". Incluso ha desmentido que la totalidad de la cantidad anunciada por la ministra de Hacienda para la región suponga unos ingresos extra a los que ya ingresa. 

En palabras de Bermúdez, el territorio gobernado en funciones por Jorge Azcón recibirá menos dinero, ya que "ha pasado de un 3,7 por ciento de la bolsa común a un 3 por ciento". Además, "deja fuera los criterios de despoblación y orografía", ha añadido.

Un modelo que "solo beneficia" a la sanidad catalana

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha alertado que con el nuevo modelo la región aportará 850 millones más, mientras que Cataluña dará 750 millones menos. "No lo han presentado como se debería hacer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y después seguir su tramitación correspondiente, el Consejo de Ministros, y después al Congreso, sino que lo han hecho al dictado de quien son sus amos, que son los independentistas catalanes, en este caso, Esquerra Republicana", ha lamentado.

Otras comunidades autónomas como La Rioja o Galicia han querido esperar a ver en profunidad el esquema de la financiación autonómica planteada. No obstante, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha sido claro: "Lo que es de todos se reparte entre todos, lo vamos a discutir entre las comunidades autónomas".

Por lo pronto, este miércoles 14 de enero tendrá lugar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, foro donde Montero presentará a todos los representantes autonómicos la hoja de ruta a seguir. Será al salir del encuentro cuando las regiones fijen su posicionamiento definitivo al respecto.