El
Defensor del Pueblo ha constatado en su reciente
informe anual entregado al
Congreso y al Senado el problema de la pérdida de consultas y citas médicas que sufren los presos y la falta de un número adecuado de médicos en las cárceles como la de
Estremera.
La última información disponible pone de manifiesto que, en algunos establecimientos penitenciarios, el número y porcentaje de
consultas médicas, pese a estar programadas con mucho tiempo de antelación, "y cuya consecución resulta en casi todas las ocasiones muy costosa en términos del tiempo empleado hasta que puede ser efectivamente realizada, no tienen lugar debido a la
falta de efectivos policiales".
La Institución aprecia como
"altamente preocupante" que en el Centro Penitenciario de
A Lama (Pontevedra) durante el año 2016, 407 consultas médicas programadas no se realizaron por este motivo; en el de
Burgos el número fue de 143; 177 en el de
Huelva; 299 en el de
Jaén; 111 en el de
Las Palmas; 266 en
Madrid II-Alcalá de Henares; 118 en
Madrid VI-Aranjuez; 106 en
Madrid VII-Estremera; 115 en el de
Málaga; 812 en el de
Palma de Mallorca; 178 en el de
Teixeiro (A Coruña); 154 en
Las Palmas II y 73 en el de
Tenerife.
"Estas abultadas cifras llevan a plantear la necesidad de que sea abordada la adopción urgente de medidas efectivas, pues parece que las reuniones llevadas a cabo, con la finalidad de explorar conjuntamente alternativas viables, han de dar ya paso a la
adopción de medidas concretas para solucionar los problemas existentes, que lógicamente en determinados casos implica la adecuada
dotación de efectivos policiales para llevar a cabo este servicio", señalan.
El Defensor señala que la petición de que los internos aprovechen salidas del centro para acudir ellos mismos por sus propios medios a la consulta
"parece desconocer que la fecha de consulta es previamente fijada por las autoridades sanitarias, de modo que si no se realiza por parte de los establecimientos una tarea previa de sincronización entre las fechas de disfrute de permisos, salidas y asignación de citas, de poco servirá esa tarea de sensibilización".
Además, se da la circunstancia de que en los centros penitenciarios de Albolote (Granada), Algeciras (Cádiz), Alicante II-Villena, Burgos, Castellón II-Albocasser, Córdoba II, El Dueso (Cantabria), Jaén, Las Palmas, León, Madrid II-Alcalá Meco, Madrid VI-Aranjuez, Palma de Mallorca, Sevilla II y Tenerife, existe un porcentaje
"llamativo" de consultas programadas y no realizadas de las que no resulta posible conocer el motivo.
El informe destaca que estas disfunciones
"no son una mera molestia o incomodidad, sino que repercuten directamente sobre la salud de las personas privadas de libertad sobre las que la Administración penitenciaria y los que con ella colaboran en materia de traslado de internos, tiene un deber específico de especial protección legalmente establecido"
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