Redacción. Madrid
El Consejo de Estado exige precisar varios detalles con el Ministerio de Educación. A través de un dictamen, aprobado por unanimidad, el Consejo considera imprescindibles la transformación de algunos puntos del proyecto de Real Decreto, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007. Es decir, la actual regulación que establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

José Romay, presidente del Consejo de Estado.

Para contar con el visto bueno del proyecto, El Consejo de Estado solicita aumentar la claridad de los nuevos criterios de acreditación, conocer cuál será el peso que tendrán los méritos, mayores garantías para los aspirantes a una plaza docente y, además, que el Ministerio de Educación explique cómo prevé alcanzar un “nulo impacto económico”, a pesar de que tiene previsto incrementar el número de comisiones (de 22 a 26, con tres para Ciencias de la Salud Ciencias Biomédicas, Medicina Clinica y Especializadades Sanitarias) y sus miembros (que de 7 podrían contar con un máximo de hasta 13).

Uno de los puntos que más preocupa al Consejo son los “méritos evaluables” y “baremo” de los solicitantes, quienes serán evaluados en un rango que varía desde la A hasta la E. Una escala que consideran “vaga e imprecisa”. Por lo que recomiendan que se reexamine la “parte relativa a la baremación y justificación de méritos a fin de determinar algunos criterios, sin perjuicio de que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) apruebe los criterios de evaluación de cada uno de los cuerpos docentes universitarios y de los distintos campos y de que las comisiones detallen y adecúen los mismos a las peculiaridades de cada área y rama de conocimiento”.

En este sentido, el Consejo de Estado apunta que la nueva redacción proyectada “no refleja debidamente las encomiables pretensiones de las que se hace eco el preámbulo: ‘con los nuevos baremos se aspira a conseguir una evaluación más equilibrada en lo relativo a los aspectos cuantitativos y cualitativos de los méritos del solicitante, permitiendo una valoración más justa y ponderada de la docencia e investigación del profesorado universitario’”.

El dictamen no pasa por alto el factor económico. El Consejo de Estado considera poco probable que el proyecto no genere nuevos impactos económicos, tal como asegura el Ministerio de Educación. Una duda que surge porque la medida prevé “un reseñable incremento del número de comisiones de acreditación”, lo que, por ende, requeriría de “las medidas y recursos necesarios para que los procedimientos de evaluación se resuelvan con plenas garantías para los solicitantes”.

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