En marzo de 2025, el Gobierno aprobó el
anteproyecto de ley de gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA), el objetivo de la norma es claro: garantizar un uso ético, inclusivo y beneficioso de esta tecnología para las personas. Ahora, un año después, el
Consejo Económico y Social (CES) ha publicado su valoración sobre ella. Así, y aunque valora positivamente el proyecto, también critica que no se haya consultado a sindicatos ni asociaciones empresariales, pese al impacto de la IA en el empleo. Además, el organismo ha destacado también la relevancia de su aplicación en la
atención sanitaria.
La aplicación de la Inteligencia Artificial en la atención sanitaria
La norma busca mejorar el mercado interior y
fomentar una IA fiable y centrada en el ser humano, garantizando al mismo tiempo la protección de la salud, la seguridad y los
derechos fundamentales, incluidos la democracia, el Estado de derecho y el medio ambiente, frente a posibles efectos negativos, al tiempo que
impulsa la innovación.
En este sentido, el CES reconoce que la IA “puede acelerar la
investigación científica y generar soluciones avanzadas en campos como la salud, el cambio climático o el desarrollo industrial”. No obstante, para aprovechar su potencial, considera necesario fortalecer las infraestructuras, facilitar el acceso, apostar por nuevos desarrollos y
adoptar tecnologías avanzadas.
Sin embargo, advierte que la automatización de procesos puede vulnerar derechos como la protección de datos personales, la privacidad, la seguridad, la igualdad y no discriminación, o el acceso a la justicia, generando incertidumbres sobre la responsabilidad. Por ello, subraya la necesidad de
impulsar la investigación y la innovación para evaluar los sistemas de IA, divulgar los resultados y formar nuevas generaciones de especialistas en ética de la IA.
Infracciones por el uso inadecuado de la Inteligencia Artificial
El anteproyecto también establece autoridades encargadas de
supervisar los sistemas de IA y fija infracciones y sanciones por el incumplimiento de las normas europeas. Según el CES, cualquier persona podrá comunicar de forma anónima a la
Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial posibles infracciones. Además, una vez iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad de vigilancia podrá aplicar en cualquier momento medidas provisionales para garantizar que se cumpla la resolución y prevenir riesgos o
daños a la seguridad, la salud o los derechos fundamentales.
Con todo, y a pesar de la valoración positiva, el CES pide que la ley sea más clara al obligar a informar a los trabajadores antes de implementar un sistema de IA en el trabajo,
cumpliendo estrictamente con la normativa europea. Además, solicita incluir una referencia explícita a la Ley 15/2022 para asegurar que la IA en la Administración no genere sesgos discriminatorios.
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