"Las diferencias de renta no dan lugar en España a diferencias en el acceso a la atención sanitaria", según un informe del
Consejo Económico y Social (CES) sobre
políticas públicas para reducir la pobreza. El organismo considera que
el sistema sanitario es "fundamental" para combatir las desigualdades en salud que pueden surgir en la población por motivos socioeconómicos.
No obstante, el CES alerta de algunas circunstancias en las que afloran las diferencias en el acceso a servicios sanitarios. Una de ellas es el acceso a los servicios bucodentales que, "a pesar de su importancia para el mantenimiento de un buen estado de salud general", tiene poca presencia en la cartera básica de servicios. El CES recuerda que, según Eurostat, España supera
la media europea en falta de atención a la salud bucodental por "ingresos insuficientes".
Algo similar ocurre con
las prestaciones de oftalomología, donde se produce "una carencia en la cobertura" de gafas y lentes. Además, señala que las listas de espera quirúrgicas afectan especialmente a aquellos con pocos recursos ya que no cuentan con "alternativas en el circuito privado".
La atención a los inmigrantes también aparece como un elemento de desigualdad ya que las tasas para acceder a la cartera básica a quienes que no tengan la condición de asegurado "
pueden resultar difícilmente asumibles en situaciones de riesgo de pobreza".
Dependencia
Aunque el organismo reconoce que la intención era buena, las expectativas que sentó la Ley de Dependencia en su aprobación no se han visto satisfechas a causas de las "especiales circunstancias que ha estado atravesando la economía española" y por "
la debilidad de la estructura de los servicios sociales" que debía sostener el sistema de Dependencia.
En el desarrollo posterior de la norma el acuerdo del Gobierno y las comunidades autónomas en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales de 2012 para reducir la factura de la dependencia derivaron en "una menor capacidad para dar cobertura y en
una mayor carga para los usuarios".
Este pacto incluye la reducción de la cuantía de nivel mínimo, los importes de las prestaciones, la intensidad de los servicios, el incremento de la incompatibilidad entre prestaciones y la modificación del copago. Ello redunda en que "
el usuario debe hacer frente a la mitad del pago del precio de referencia (frente al 14 por ciento anterior)".
Este incremento en la carga que soportan los propios dependientes hace que sean "
las rentas medias y bajas las más afectadas proporcionalmente". Una situación que conlleva que el principio de equidad que rige la norma "se vea afectado".
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