Redacción. Madrid
El crecimiento de la incidencia de la varicela tras haberse retirado la vacuna de las oficinas de farmacia españolas parece imparable. Y es que, hasta el 5 de abril, el Centro Nacional de Epidemiología anota un total de 44.484 casos acumulados; esto es 2.656 más si se compara con el año previo y casi 5.000 en contraste con 2013, fecha en la que la inoculación aún permanecía en las farmacias.
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Belén Crespo, directora de la Aemps.
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Estas cifras se traducen en una incidencia que roza los 14.000 diagnósticos al mes en 2015, 1.000 más que en el año previo. Además, en la última semana del ejercicio en curso, se contabilizan 3.418 diagnósticos, siendo especialmente llamativa la situación de Cataluña, donde más de mil ciudadanos han contraído el virus en tan solo siete días.
22.000 casos en Cataluña
Esta es precisamente la comunidad más castigada, contabilizando cerca de 22.000 casos en 2015 tras haber dinamitado sus números en cuestión de semanas. Así, mientras que en la número diez, el Instituto Carlos III registraba 133 casos, en la posterior se alcanzaban los 1.226, y desde entonces no ha logrado reducir el brote.
Andalucía es otra de las regiones afectadas, con una suma total de 5.948 registros en lo que va de año, mientras que en Navarra la cuenta cae en picado hasta los 42, respaldando de este modo los resultados positivos asociados a la doble dosis infantil ( a los 15 meses y a los 3 años) prevista en su calendario vacunal autonómico.
En medio del baile de cifras, los ciudadanos continúan esperando un cambio de estrategia por parte del Ministerio de Sanidad, desde que Alfonso Alonso anunciara la posibilidad de abrir un debate “pertinente”, así como “avances en el diálogo con las comunidades” sobre el posible retorno de la vacuna a las oficinas de farmacia.
Esta espera se hace extensiva a la
Oficina Jurídica Sociosanitaria (OJS), asesor jurídico de la campaña ciudadana suscrita por más de 107.000 personas y erigida por Beatriz Mato, madre afectada por la retirada de la vacuna. El pasado 10 de marzo, la OJS abrazaba la causa y presentaba una petición administrativa a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) alegando a la inconstitucionalidad de la medida. Sin embargo, pasados casi dos meses, este organismo público sigue sin contestar a los ciudadanos.
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