Prácticamente sobre la bocina de la disolución de las Cortes, al Congreso de los Diputados de esta efímera legislatura le ha dado tiempo de tratar un asunto de vital importancia para el sector sociosanitario: el futuro de sus trabajadores.
Así lo han puesto de manifiesto los miembros de la última Comisión de Empleo de la Cámara Baja, que han trasladado al Pacto de Toledo la responsabilidad sobre ese futuro.
La cuestión es que los representantes del Grupo Mixto elevaron a dicha Comisión una Proposición No de Ley (PNL) con el que se pretendía equiparar a los trabajadores del sector sociosanitario con otros colectivos como los ferroviarios, los policías autonómicos o los bomberos, y por tanto se les rebajara su edad de jubilación. El Grupo Mixto justificaba la presentación de esta PNL por ciertas características especiales que tiene el sector como “la precariedad, tasas de enfermedades dorsolumbares muy elevadas y una mayoritaria presencia de mujeres.
Al mismo tiempo, el PSOE ha presentado una enmienda en la que solicitaban incrementar las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, “con el fin de efectuar un mayor control del fraude en las condiciones de la prestación laboral y extremar la vigilancia sobre el control del riesgo y penosidad en el desarrollo de la actividad”.
Ni la PNL ni la enmienda fueron aprobadas porque la mayoría de diputados que forman la Comisión acordaron que dichas modificaciones debían tener otro foro de debate: el Pacto de Toledo “por la importancia del colectivo de que se trata como por la repercusión directa que tendría en la caja de la Seguridad Social”, según ha indicado Luz Rodríguez Fernández, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La propuesta de la diputada no ha caído en saco roto, pues ha logrado el acuerdo de los portavoces de Grupo Parlamentario Vasco, Íñigo Barandiarán; del Grupo Parlamentario Catalán, Carles Campuzano; del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Saúl Ramírez; y del Grupo Parlamentario Popular, Concepción Bravo.
Barandiarán ha considerado que la propuesta de debe trasladarse al Pacto de Toledo “porque hace referencia a las previsiones del sistema de la Seguridad Social”, mientras que Concepción Bravo ha recordado que “todo lo que se ha trabajado en el Pacto de Toledo ha funcionado muy bien”.
Todos los partidos acordaron por tanto que deberá ser la Comisión del Pacto de Toledo la que debe tratar el futuro de los trabajadores del sector sociosaniatario aunque tendrán que ser los nuevos diputados surgidos de las elecciones del 26 de junio los que avancen en esta materia.
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