La importancia de las diferentes medidas de liquidez y de pago a proveedores puestas en marcha por el Gobierno de España a lo largo de la crisis financiera ha permitido que las comunidades autónomas hayan resuelto un problema (al menos en términos generales) que en muchos casos ha sido tildado de ‘histórico’: la morosidad regional.
Estos mecanismos han sido especialmente importantes para el sector sanitario, ante el que la Administraciones Públicas habían acumulado una deuda milmillonaria, que solo a laboratorios y fabricantes de tecnología sanitaria superaba los 5.000 millones de euros. De hecho, el 67 por ciento de la suma del Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores (FFPP), del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), del compartimento de Facilidad Financiera (FF) y del Fondo Social (FS) de los últimos cinco años ha ido destinados a proveedores sanitarios.
Así lo indican los datos del Ministerio de Hacienda, que precisan que Galicia ha llegado a utilizar el cien por cien de los fondos citados para solventar pagos en el sector sanitario. Le sigue Aragón (88 por ciento) y Canarias (87 por ciento).
De hecho, el peso del gasto sanitario se ha incrementado todavía más con el paso del tiempo, al menos en el FLA. Si en 2012 la sanidad suponía el 52 por ciento de este mecanismo, en 2013 subió al 58 por ciento y el 69,7 por ciento en 2014. Hay que recordar que el pago de conciertos sanitarios y de facturas de farmacia comunitaria siguen protagonizando estas partidas durante los últimos meses.
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