La mitad de los sanitarios toma antidepresivos, ansiolíticos o somníferos

Casi la mitad de los sanitarios que trabajan en la administración pública consume a diario fármacos como los antidepresivos, ansiolíticos o hipnosedantes para tratar problemas vinculados con la salud mental. Una encuesta elaborada por el sindicato CSIF ha colocado al colectivo como uno de los más afectados, junto con el cuerpo de profesores, en este problema que sacude a todo el conjunto de empleados públicos.

El sondeo ha puesto de relieve cómo esta situación se ha incrementado por el impacto de la pandemia de Covid-19. Un 63,9 por ciento de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) que toman este tipo de medicamentos ha reconocido que comenzó a hacerlo tras el estallido de los contagios. Mientras que el 74 por ciento de los que ya lo consumían previamente, atribuyen su situación actual a las “situaciones vividas” durante la crisis del coronavirus.

El perfil más afectado por los problemas de salud mental en el conjunto del funcionariado lo representan las mujeres de entre 45 y 54 años de edad que trabajan o en la sanidad pública o en centros educativos. El 76 por ciento de los que consumen diariamente fármacos relacionados con problemas de salud mental consideran que el trabajo es uno de los factores que les ha llevado a la medicación.

El estrés derivado de la elevada carga de trabajo, el escaso reconocimiento profesional o el mal clima laboral por factores como el acoso, los conflictos o las agresiones son los tres motivos principales que llevan a los empleados públicos al consumo de antidepresivos, ansiolíticos o somníferos. A esta realidad, hay que sumar también la inseguridad laboral, los problemas con los usuarios o las dificultades económicas, en menor medida.

“El escaso apoyo psicológico en empresas y administraciones y la ausencia de una red adecuada de salud mental en nuestro país provoca que la atención a la depresión o la ansiedad no sea abordada de una manera eficaz”, ha apuntado la secretaria nacional de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF, Encarna Abascal, en la rueda de prensa de presentación de la encuesta.

Más personal y planes de prevención

Para poder revertir esta situación, la organización sindical ha presentado una batería de propuestas al Gobierno. La principal pasa por elevar las ratios de profesionales de salud mental para alcanzar una media de 18 psiquiatras y psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes para situarse en el conjunto de la Unión Europea. Este salto requeriría la incorporación de casi 4.000 médicos especialistas y de 5.640 psicólogos en el SNS.

“Los refuerzos son escasos e insuficientes. Eso tiene una incidencia clara en la demora para la valoración de servicios de salud mental”, ha apuntado el presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, que habitualmente presenta estas reivindicaciones en la mesa del ámbito de negociación con el Ministerio de Sanidad.

El representante sindical ha advertido sobre la lista de espera para acceder a los servicios de psiquiatría y psicología en el SNS, con especial énfasis en comunidades como Cantabria o Aragón donde el periodo puede prolongarse hasta un año. Por eso, ha insistido en la importancia de reforzar la vertiente de salud mental en la Atención Primaria. “Es clave aumentar la financiación, los recursos materiales y humanos”, ha expuesto.

Paralelamente, CSIF también ha presentado varias reivindicaciones como la legislación específica de la salud mental como un riesgo psicosocial en el trabajo, el reconocimiento del ‘burnout’ (síndrome del desgaste profesional) en el cuadro de enfermedades laborales, la elaboración de un plan nacional de prevención del suicidio o la elaboración de evaluaciones de riesgo por parte de psicólogos del trabajo en las entidades.

En la encuesta han participado un total de 2.000 funcionarios públicos de todas las administraciones, entre los que figuran 609 profesionales sanitarios.