Cuando en 1986 se promulgó la
Ley General de Sanidad, la esperanza de vida en España eran 76,4 años; cuatro décadas después son 84.
Además, en este tiempo la sensibilidad de la sociedad ha cambiado; ya no estamos en el escenario de 'resignación' frente a las penosidad de la vejez o de otras situaciones en las que el individuo pierde su independencia física. El ciudadano, movido por la promesa política de una
cobertura sociosanitaria, la reclama como un derecho.
Las
necesidades asistenciales de la población han cambiado sustancialmente, abriendo un debate estructural sobre la relación entre las políticas sanitarias y las sociales.
Este debate no es nuevo: en la primera década del siglo se impulsó la llamada
Ley de Dependencia y su aparición tuvo un efecto dominó en los gobiernos autonómicos, que en muchos casos apostaron por
integrar Sanidad y Servicios Sociales. También el Ministerio de Sanidad adoptó como apellido las políticas sociosanitarias por entonces. Sin embargo, aquel paso quedó arrasado por la crisis económica, y los recortes presupuestarios consiguientes provocaron la reversión de esta unión.
Ahora estamos ante una nueva oportunidad, que ojalá sea la definitiva para conseguir esa necesaria integración.
Varias Comunidades Autónomas están remando en el sentido que marca la lógica. Desde la más pequeña,
La Rioja, hasta un gigante poblacional como
Catalunya. Sería bueno que el siguiente
Gobierno de España también lo entendiera así y lo liderara.
La experiencia de gestión acumulada y los recientes cambios de estructura en varias regiones sugieren que la unificación plena de estas áreas mejora de forma directa la
trazabilidad del paciente y la eficiencia del sistema público. Elimina las barreras burocráticas que fragmentan la atención al ciudadano. Las necesidades de una persona, especialmente en situaciones de
vulnerabilidad, cronicidad o dependencia, no se presentan de forma separada sino global.
A estas alturas todos sabemos ya que la salud está estrechamente ligada al entorno social. También hay que anticipar factores de riesgo como la
pobreza, el aislamiento o la falta de vivienda antes de que se conviertan en problemas de salud más gravosos además para el erario público.
Y hay que apostar ya por una
visión profesional holística, donde los profesionales de la salud (también los trabajadores sociales) puedan compartir datos y coordinar planes de actuación, tratando a la persona de manera integral.
El trabajo a realizar tendrá como guía natural el sentido común, y aunque se han desperdiciado muchos años, aún estamos a tiempo de hacerlo bien. Dejemos por fin de 'trocear' al paciente y
abracemos la lógica de lo sociosanitario.
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